La diputada de Morena, Georgina Solorio, afirmó en el Congreso del Estado que la nueva Ley General de Aguas representa un cambio de fondo para terminar con los privilegios, el acaparamiento y el uso indebido del recurso hídrico en México.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora sostuvo que esta legislación coloca el acceso al agua como un derecho humano y no como un negocio, al priorizar a las familias, comunidades y pequeños productores por encima de intereses particulares.

“El agua no puede seguir siendo un privilegio ni un botín”, expresó.

Solorio destacó que la nueva ley establece mecanismos para evitar prácticas que durante años permitieron la concentración del recurso en manos de unos cuantos, como la transmisión de concesiones entre particulares y el cambio indebido de uso.

Explicó que, con estas medidas, se busca limitar el acaparamiento y fortalecer las sanciones contra quienes explotan el agua de manera ilegal.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, reconoció el impulso del Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum, así como el trabajo de la Comisión Nacional del Agua para avanzar en la aplicación de esta política hídrica.

Señaló que ya existen resultados concretos derivados de este nuevo enfoque, como inspecciones, clausuras y la recuperación de concesiones que anteriormente eran utilizadas con fines privados.

La diputada subrayó que esta transformación no solo busca sancionar abusos, sino corregir desigualdades históricas en el acceso al agua, particularmente en el campo.

“El objetivo es que el agua regrese a quienes realmente la necesitan para vivir y producir”, afirmó.

En ese sentido, destacó que se han concluido más de nueve mil 500 trámites en beneficio de comunidades y productores, además de mantenerse vigente un decreto de facilidades administrativas para la regularización de concesiones.

Solorio García enfatizó que la nueva legislación marca un antes y un después en la forma en que se gestiona el agua en el país, al establecer reglas más claras, mayor control y un enfoque de justicia social.

Advirtió que el uso indebido del recurso ha generado afectaciones en distintas regiones, como en el municipio de Lerdo, donde se han documentado casos de abuso.

Finalmente, reiteró que el nuevo marco legal busca garantizar un manejo responsable del agua y asegurar su disponibilidad para las futuras generaciones.