México avanza hacia un nuevo marco legal en materia hídrica que busca eliminar la compraventa de concesiones, garantizar el acceso equitativo al recurso y fortalecer la gestión sustentable del agua. Así lo informó Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, al explicar los alcances de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de la nueva Ley General de Aguas impulsada por el Gobierno de México.

El funcionario señaló que con esta propuesta el agua dejará de verse como una mercancía para consolidarse como un bien estratégico de la nación. El objetivo es reordenar las concesiones, evitar el acaparamiento y asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como lo establece la Constitución.

Uno de los cambios más relevantes planteados en la iniciativa es la eliminación del mercado negro de concesiones. Actualmente, un usuario puede transmitir parcial o totalmente su volumen autorizado, lo que ha generado compraventas irregulares y un uso discrecional del recurso. Con la nueva ley, esta práctica quedará prohibida para impedir que el agua se utilice con fines de lucro. En el caso del sector agropecuario, donde los usuarios están exentos de pago de derechos, esta medida busca dar transparencia y certeza jurídica a los productores.

También se prevé eliminar la posibilidad de cambiar el uso del agua. Si un título de concesión fue otorgado para fines agrícolas, no podrá modificarse a industrial o comercial. Las empresas que requieran agua deberán tramitar su propio título ante la Conagua, con base en las necesidades de su actividad. Este cambio pretende garantizar un equilibrio entre sectores y evitar el desvío de volúmenes destinados a la producción de alimentos.

La iniciativa incorpora además un capítulo de delitos hídricos con sanciones que irían de uno a diez años de prisión y multas de hasta cuatro mil días de salario mínimo para quienes roben o usen indebidamente el recurso. Con ello se busca fortalecer la vigilancia y dar seguridad jurídica a todos los usuarios.

Los productores agrícolas seguirán exentos de pago por el uso del agua y podrán heredar o transferir sus títulos mediante un trámite expedito ante la Conagua. Además, las concesiones no podrán ser reducidas o revocadas de manera arbitraria, lo que brindará plena certeza jurídica a los usuarios del campo.

Delgado Gallegos precisó que las concesiones agrícolas vigentes no se verán afectadas. Los productores conservarán los mismos volúmenes, vigencia y localización establecidos en sus títulos. En caso de herencia o compraventa de una propiedad, la Conagua emitirá un nuevo documento con las mismas condiciones para el nuevo titular, garantizando la continuidad del derecho.

La nueva Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, también contempla reconocer los sistemas comunitarios que operan en regiones rurales e indígenas, como el municipio de Mezquital, donde las comunidades gestionan manantiales o arroyos ante la falta de redes formales. Estos sistemas serán integrados a la planeación nacional del agua, asegurando su reconocimiento legal y técnico.

Con este nuevo marco normativo, el Estado mexicano reafirmará su papel como administrador del recurso y su compromiso de garantizar un acceso equitativo y sustentable. La intención es acabar con el acaparamiento, el uso discrecional y la especulación que durante años distorsionaron el manejo del agua en el país.

Por: Antonio Gaytán