La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal enfrenta un incremento en los casos de omisión de cuidados en Durango, una problemática que abarca desde bebés hasta adolescentes de 17 años y que ha provocado que actualmente 216 menores vivan bajo resguardo temporal en la Casa Hogar.

La procuradora Yadira Nohemí Domínguez Gurrola explicó que cada semana reciben entre 20 y 30 reportes, de los cuales alrededor de 20 corresponden a omisión de cuidados y el resto a situaciones de violencia sexual o lesiones. Los reportes pueden originarse en llamadas al 911, denuncias ciudadanas, escuelas, vecinos, familiares o directamente en el Centro de Justicia para Niñas y Niños y en la propia Procuraduría. Aunque los delitos contra menores son de oficio, sí se requiere un reporte inicial para activar el protocolo.

Domínguez Gurrola recordó que la omisión de cuidados está tipificada con una pena de 3 a 5 años de prisión, por lo que es necesario denunciar cuando un menor se encuentra en riesgo dentro de su entorno familiar. Agregó que las cifras han aumentado, no solo por la intervención institucional, sino porque muchas familias no logran generar las condiciones necesarias para que los menores regresen con ellos, aun cuando se trabaja en acompañamiento psicológico, social y legal. El proceso depende del compromiso de cada familia y de su capacidad para cumplir con las medidas que exige la autoridad.

De acuerdo con la procuradora, entre 7 y 8 de cada 10 familias sí se esfuerzan en recuperar a sus hijas e hijos, mientras que el resto abandona el proceso. Esta situación genera incertidumbre entre los menores, quienes mantienen la esperanza de reunirse nuevamente con su familia.

Los casos se concentran principalmente en Durango capital, seguido de Gómez Palacio y Mezquital, aunque la funcionaria señaló que existe presencia de violencias en todos los municipios. Para atenderlos, cada localidad cuenta con una delegación del DIF integrada por un equipo interdisciplinario que recibe los reportes y trabaja en coordinación con la Procuraduría estatal para dar seguimiento y protección a las y los menores.

Por: Antonio Gaytán