El diputado local Alejandro Mojica Narváez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado de Durango, presentó una iniciativa legislativa enfocada en fortalecer la libertad de expresión y brindar respaldo jurídico a las y los periodistas.

“La libertad de expresión es algo que vamos a defender con todo nuestro ser. Si perdemos eso, lo perdemos todo”, declaró el legislador.

La propuesta contempla la creación de una unidad de asuntos jurídicos dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas, el cual opera actualmente bajo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un modelo único a nivel nacional. Este nuevo departamento estaría conformado por especialistas legales que brindarían asesoría y acompañamiento a periodistas que se sientan vulnerados, amenazados o atacados en el ejercicio de su labor.

Libertad de expresión como prioridad legislativa

Durante la entrevista, Mojica recordó que la iniciativa ya venía trabajándose desde hace tiempo, y que su presentación coincidió con el Día del Comunicólogo. Esta propuesta también surge como respuesta ante recientes denuncias, como las hechas por el periodista Heber García, quien reportó amenazas presuntamente cometidas por el candidato José Ramón Enríquez, de Morena.

El diputado reiteró que la iniciativa no solo busca atender casos particulares, sino fortalecer de forma generalizada el respeto por la libertad de expresión en el estado.

Protección jurídica especializada para periodistas

Mojica subrayó que si bien el presupuesto no se ampliará, se contempla integrar abogados con experiencia en derechos humanos y libertad de expresión, quienes podrán actuar cuando cualquier periodista de Durango se sienta en peligro.

“Si alguien no acepta una crítica y los amenaza o se entromete en su vida personal o profesional, que sepan que tienen alguien que los puede defender”, afirmó el legislador.

El proceso legislativo comenzará de inmediato y se le dará seguimiento puntual para que se vote en comisiones y vuelva al pleno para su aprobación final. El objetivo es que esta unidad jurídica se incorpore de forma permanente a la estructura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por: Antonio Gaytán