Durante la comparecencia de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Ester Calleja Alor, ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la legisladora duranguense Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, lanzó un llamado a transformar la política energética del país hacia la transición limpia y la equidad territorial.

“La electricidad no puede seguir siendo un privilegio; debe ser un derecho garantizado para el pueblo de México”, afirmó la diputada, al advertir que la expansión de la red eléctrica sigue concentrada en zonas ya electrificadas, mientras miles de comunidades rurales continúan sin luz ni conectividad.

Citando el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que contempla 42 mil obras con 14 mil millones de pesos, Flores preguntó si esa inversión será suficiente para conectar a las comunidades más rezagadas, particularmente en Chihuahua y Chiapas, los estados con más hogares sin electricidad.

“¿Por qué hay estados prácticamente electrificados que reciben más recursos por hogar que los que siguen sin luz?”, cuestionó.

La legisladora también exigió una transición energética real, al señalar que el 80% de la generación eléctrica de CFE aún depende de combustibles fósiles, frente a solo 18% de fuentes renovables.

“México no puede seguir con un modelo energético del siglo pasado. Necesitamos una CFE que apueste por energías limpias, por cerrar brechas territoriales y por un servicio digno para todas y todos”, expresó.

En su intervención, criticó que el presupuesto 2026 de la CFE, estimado en 602 mil millones de pesos, “no crece al ritmo de la demanda ni de los retos del sistema eléctrico nacional”, además de incluir recortes en transmisión, distribución y comercialización que —advirtió— podrían traducirse en más apagones e interrupciones como los registrados en la Península de Yucatán, Chihuahua y Chiapas.

Flores pidió también transparencia en el programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, al señalar que “no existe información pública clara” sobre cuántas comunidades están conectadas ni cómo se garantiza la calidad y tarifas accesibles del servicio.

“Descarbonizar no es solo un tema ambiental; es una responsabilidad económica y social. Un país que depende del gas importado es un país vulnerable”, añadió, al defender una visión energética que combine responsabilidad ambiental y justicia social.

En respuesta, la directora Emilia Calleja Alor informó que el Programa de Justicia Energética 2025–2028 contempla 42,221 obras de electrificación con 18,916 millones de pesos en los 32 estados, y que la meta es alcanzar 99.9% de cobertura eléctrica nacional al 2030. Aseguró además que la CFE ha reducido 5.37 millones de toneladas de CO₂, aumentó la generación hidroeléctrica y proyecta llegar a 38% de energía limpia con nuevas centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas modernizadas y plantas solares con almacenamiento.

Para Patricia Flores, la meta debe ser más ambiciosa: que la transición energética no se mida solo en megawatts, sino en igualdad, sostenibilidad y acceso universal.

“El objetivo no es castigar a nadie, sino construir juntos un modelo sostenible, con responsabilidad y con la gente al centro”, concluyó.

Por: Antonio Gaytán