La diputada federal del PAN, Paty Jiménez, advirtió que la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal representa una amenaza directa para las familias, el campo y los municipios, al centralizar el control del recurso, eliminar certidumbre jurídica y generar obligaciones que considera inviables para millones de personas.

La legisladora afirmó que la propuesta no garantiza el derecho humano al agua, sino que lo convierte en un permiso sujeto a decisiones del gobierno federal. “El agua debe ser un derecho, no un instrumento de control”, declaró, al señalar que la iniciativa politiza el acceso al recurso y deja sin claridad a quienes dependen de él todos los días.

Jiménez explicó que la reforma plantea una nueva Ley General de Aguas y modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales reducen la autonomía de estados y municipios. Advirtió que concentrar decisiones en la Federación pone en riesgo el abasto y dificulta la planeación local de infraestructura hídrica, especialmente en regiones con sequía o con sistemas de distribución vulnerables.

En el caso del campo, la diputada subrayó que la iniciativa elimina derechos adquiridos por productores y criminaliza actividades agrícolas y pecuarias al imponer penas de cárcel por faltas administrativas relacionadas con el uso del agua. Señaló que esto afectaría a agricultores, ganaderos y pequeños usuarios que ya enfrentan altos costos y condiciones climáticas adversas.

También alertó que la ley pretende obligar a las familias a instalar sistemas de captación de agua de lluvia que pueden ser costosos o inviables en zonas áridas, además de imponer nuevas cargas a municipios sin garantizar recursos adicionales, lo que podría agravar los problemas de abasto y mantenimiento.

De aprobarse en los términos actuales, afirmó, negocios, hogares, industrias y productores quedarían en una situación de mayor incertidumbre sobre permisos, concesiones y acceso al agua.

Paty Jiménez aseguró que el PAN continuará impulsando una alternativa que garantice certeza jurídica, presupuesto real para infraestructura hídrica y protección al campo, sin criminalización ni obligaciones imposibles de cumplir. Finalmente, hizo un llamado a no aprobar la ley de manera apresurada y a escuchar a productores, municipios, expertos y ciudadanos antes de tomar una decisión que afectará a todo el país.

Por: Antonio Gaytán