El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Alanís Herrera, advirtió que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea riesgos de centralismo y parte de “ecuaciones simplistas” sobre el gasto de los congresos locales.

El también coordinador del grupo parlamentario del PRI dejó en claro que si bien cualquier medida que genere ahorros para destinarlos a programas sociales y obra pública puede ser positiva, el enfoque no puede reducirse a fórmulas generales que ignoran la realidad de cada estado.

“Hay ocasiones en que se observan ecuaciones muy simplistas”, señaló, al referirse a propuestas que buscan fijar límites al gasto legislativo sin considerar la estructura y funciones reales de los congresos.

Explicó que el presupuesto del Congreso no corresponde únicamente al costo de los diputados, como suele plantearse en el discurso público, sino que incluye áreas clave como la Auditoría Superior del Estado, centros de investigación legislativa, equipos técnicos y personal de apoyo en comisiones.

En ese sentido, advirtió que aplicar recortes de manera general implicaría no solo ajustes a legisladores, sino reducciones de personal y posibles afectaciones al funcionamiento institucional.

“El presupuesto no está cargado a un diputado en lo individual”, puntualizó, al insistir en que el análisis debe ser integral y no basado en percepciones.

Alanís también alertó que este tipo de planteamientos puede abrir la puerta a un esquema de centralismo, al intentar definir desde el ámbito federal aspectos que corresponden a los estados, como la organización y operación de los congresos locales.

“¿Dónde quedan los estados y municipios?”, cuestionó, al subrayar la importancia de respetar la autonomía local frente a propuestas de alcance nacional.

Afirmó que el Congreso de Durango dará el debate cuando la iniciativa avance, y sostuvo que los legisladores están dispuestos a ajustarse a nuevas condiciones, siempre que no se comprometa el funcionamiento del Poder Legislativo ni los equilibrios democráticos.

Finalmente, reiteró que el reto está en lograr ahorros reales sin debilitar a las instituciones, al advertir que decisiones mal planteadas pueden afectar la capacidad de los congresos para cumplir con su función.