En el Congreso del Estado de Durango, la diputada Sandra Amaya Rosales, de la coalición parlamentaria de la Cuarta Transformación, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para implementar impuestos ecológicos con un sentido de justicia ambiental.

Responsabilidad de quienes contaminan

La legisladora destacó que el derecho a un ambiente sano es un mandato constitucional y que quienes contaminan deben asumir su responsabilidad. Explicó que los impuestos ecológicos no deben verse solo como una carga fiscal, sino como un instrumento para cuidar el patrimonio natural y resarcir los daños al medio ambiente.

“La justicia ambiental es también justicia social, porque quienes menos contaminan suelen ser quienes más sufren los impactos”, afirmó Amaya.

Destino exclusivo de los recursos

La propuesta establece que los recursos obtenidos se apliquen de manera clara, exclusiva y transparente en acciones ambientales, entre ellas:

• Prevención de la contaminación y restauración de ecosistemas.

• Saneamiento de suelos y cuerpos de agua.

• Inversión en energías limpias e infraestructura verde.

• Fortalecimiento institucional a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con equipos, laboratorios y programas de educación ambiental.

Transparencia y confianza ciudadana

Amaya advirtió que es indispensable garantizar que cada peso recaudado se traduzca en resultados visibles: aire más limpio, agua segura y suelos recuperados.

“La corrupción ambiental y el uso discrecional de los recursos es una forma de saqueo que no debemos permitir”, señaló.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis. De aprobarse, Durango se colocaría a la vanguardia en el uso de los impuestos ecológicos como herramientas de política pública, combinando responsabilidad ambiental con justicia social.

Por: Antonio Gaytán