En Durango, las familias de policías que pierden la vida en cumplimiento de su deber podrían recibir un apoyo económico adicional, luego de que la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales presentara una iniciativa para reforzar la protección social en estos casos.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora de Morena propuso reformar la Ley de Seguridad Pública para establecer un respaldo económico complementario dirigido a familiares de elementos que fallecen en servicio, especialmente cuando no cuentan con pensión u otro beneficio similar.

Desde tribuna, reconoció que, aunque el marco legal contempla derechos y prestaciones para los cuerpos de seguridad, persisten vacíos que dejan en condiciones de vulnerabilidad a sus familias tras una pérdida.

“Se les exige todo, pero se les protege poco”, expresó.

Amaya Rosales señaló que en Durango no son ajenos los casos de policías que han perdido la vida en operativos, ataques o en el cumplimiento de su labor cotidiana, lo que deja a sus familias en incertidumbre económica de manera repentina.

“Hemos visto patrullas atacadas, operativos que terminan en tragedia y familias que de un día para otro se quedan sin padre, sin madre, sin sustento”, advirtió.

En ese sentido, la diputada reiteró en redes sociales el enfoque de la iniciativa:

“Honraremos a quienes dieron la vida por proteger la nuestra”, publicó.

La iniciativa busca atender esas lagunas en la ley mediante un apoyo económico que brinde certeza a las familias en momentos críticos, bajo un enfoque de justicia social y reconocimiento al riesgo que implica la labor policial.

También aclaró que este respaldo no sustituye otros derechos, sino que pretende complementar los mecanismos existentes cuando estos resultan insuficientes.

“La propuesta no devuelve vidas, pero sí puede cambiar el destino de quienes se quedan. Da certeza donde hay incertidumbre y respaldo donde hay desprotección”, sostuvo.

La diputada enfatizó que ser policía es una de las labores más riesgosas del servicio público, por lo que consideró necesario que el Estado responda con mayor solidez ante este tipo de pérdidas.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y posible dictaminación.