Priorizando la dignificación y agilidad de justicia para miles de detenidos no solo en Durango sino en todos los estados del país, ya existe un ordenamiento que obliga al Estado Mexicano a eliminar la prisión preventiva. Por ejemplo, en la entidad duranguense existen 2 mil 546 camas en reclusorios, ante una población penitenciaria que asciende a 3 mil 956 personas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó en días recientes una sentencia que obliga al Estado Mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de su orden legal, incluso de la Constitución, esto al agregar que el arraigo es una medida restrictiva que vulnera los derechos a la libertad personal, a ser oído y a la presunción de inocencia.

Agrega que la prisión preventiva oficiosa deja a los jueces sin posibilidad de ejercer un control sobre la pertinencia de su aplicación.

Por ello, también obliga al Estado mexicano a realizar acciones de reparación para el caso en particular, como concluir los procedimientos penales e indemnizar a las víctimas.

En Durango existen siete centros penitenciarios, de los cuales dos son federales, tres estatales y dos son centros especializados para la atención a menores infractores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2022, registra un total de 2 mil 546 espacios para personas privadas de su libertad, entre adolescentes y adultos en el mismo año.

Para el año 2021 Durango ocupó el tercer lugar a nivel nacional por tasa de ocupación de camas útiles en los centros penitenciarios, siendo superado únicamente por Ciudad de México y Nayarit.

Así, la entidad duranguense supera por mucho su capacidad en los centros penitenciarios federales y estatales, pues tiene registro de 3 mil 956 personas privadas de su libertad al cierre del año 2021 (el último conteo oficial difundido a los medios), donde 3 mil 689 son hombres y 267 son mujeres.

Sentencias engrosan y depuran listas penitenciarias

Aunque no todas las sentencias se reflejan en prisión, las cifras ponen en evidencia la gran necesidad de dignificar las justicia para las y los mexicanos, tal como lo pide la CoIDH .

En este tema el Poder Judicial del Estado de Durango emitió 13 mil 121 sentencias durante el año 2022 en las materias familiar, civil, mercantil y penal, lo que representa un promedio de 35.94 decisiones por día apegadas a la normativa vigente en la entidad.

En este año el Poder Judicial del Estado de Durango ha dictado más de dos mil sentencias en los juzgados de primera instancia. En el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de febrero del año 2023, se dictaron dos mil 109 sentencias en las diferentes materias y es la familiar la que abarca la mayor parte con mil 189, lo que equivale al 56 por ciento del total.

Sentencia vinculante, pero…

Cristian Miguel Acosta, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director del Seminario de Derechos Humanos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, señaló que esta sentencia es histórica para el sistema jurídico mexicano.

“Se trata de un parteaguas, un cambio de paradigma para el sistema jurídico, pero también para las libertades y protección de los derechos humanos de todas y todos”, explicó a los medios nacionales.

Por primera vez, la CoIDH ordena una reforma al sistema constitucional mexicano, y con ello pide y exige eliminar del ordenamiento jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

«La determinación es vinculante para el Estado Mexicano, pese a lo cual no hay mecanismo que garantice su acato. No hay un mecanismo de obligación, todo se da bajo el principio de buena fe”, expresó.

Finalmente precisa que no es imposible el cambio, ya que los jueces comienzan a aplicarlo y los abogados deben exigir su aplicación.

Por: Harimm García 

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