La sesión del Congreso del Estado de Durango este 21 de abril se tensó tras la presión de productores de frijol, quienes exigieron soluciones inmediatas y obligaron a decretar un receso en plena intervención en tribuna.

El reclamo central fue ampliar el acopio de 40 mil a 60 mil toneladas a un precio de garantía de 27 pesos por kilo, al señalar que miles de campesinos han quedado fuera del programa pese a contar con cosecha lista para su comercialización.

Desde tribuna, el diputado Noel Fernández Maturino (PRI) lanzó uno de los posicionamientos más duros al acusar “indiferencia total” de las autoridades federales. Advirtió que productores están vendiendo hasta en 8 pesos por kilo ante la falta de alternativas y exigió trato igualitario frente a Zacatecas.

En contraste, el diputado Alejandro Mata Valadez (Morena) reconoció la problemática, pero sostuvo que existe voluntad del gobierno federal y planteó que el gobierno estatal también debe intervenir, incluso con recursos propios, como ocurre en otras entidades.

Por su parte, el diputado Ernesto Alanís Herrera (PRI) llamó a bajar la confrontación y “institucionalizar el problema”, al advertir que el Congreso no resolverá el mercado del frijol, sino que se requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Desde el PAN, la diputada Verónica González Olguín respaldó a los productores y exigió que el precio de garantía se aplique sin exclusiones, al señalar que el campo no puede seguir siendo tratado con indiferencia.

En la misma línea, el diputado Héctor Herrera Núñez (Morena) defendió los avances del programa federal, destacando el acopio de 40 mil toneladas y una derrama superior a mil millones de pesos, aunque reconoció la necesidad de mejorar procesos y ampliar la cobertura.

El debate subió de tono con señalamientos cruzados sobre responsabilidades entre Federación y Estado, mientras los productores presentes mantenían la presión desde el recinto.

Pese a las diferencias, hubo coincidencia en un punto: la crisis del frijol ya rebasó el discurso. Legisladores plantearon instalar mesas de trabajo urgentes, mientras la demanda de ampliación del programa sigue sin una respuesta clara, pese a haber sido llevada incluso a instancias federales.