La senadora Margarita Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la prohibición de los vapeadores en México es una medida necesaria para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, al advertir que estos dispositivos representan un riesgo grave para las generaciones presentes y futuras.
Sostuvo que impedir el acceso de las infancias a los vapeadores es un acto de conciencia y responsabilidad, ya que su uso está asociado con daños pulmonares, distintos tipos de cáncer y enfermedades derivadas del consumo de nicotina y otras sustancias.
La legisladora cuestionó la postura de los partidos de oposición, a quienes acusó de rechazar la iniciativa sin ofrecer alternativas reales para enfrentar el problema de las adicciones entre jóvenes, pese a haber tenido durante décadas el control de las políticas públicas en materia de salud.
Rechazó los señalamientos de que el Congreso desconozca el funcionamiento de estos dispositivos y explicó que los vapeadores son aparatos capaces de calentar sustancias hasta 300 grados, generando aerosoles con más de 30 compuestos químicos que ingresan directamente al organismo.
De acuerdo con el informe Humo, Vapeo y Poder, citado por la senadora, el mercado ilícito de vapeadores genera ganancias estimadas entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año, e incluso hasta 26 mil millones, lo que evidencia —dijo— la existencia de fuertes intereses económicos detrás de su comercialización.
Valdez detalló que el aerosol inhalado no solo daña los pulmones, sino que llega al corazón, al hígado y al torrente sanguíneo, afectando de manera directa el cerebro de niñas y adolescentes, cuyos órganos aún no están completamente desarrollados.
Subrayó que desde las legislaturas que acompañan la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal, se ha impulsado una lucha constante contra la venta indiscriminada de vapeadores, por contener nicotina, saborizantes y otras sustancias altamente adictivas.
Finalmente, enfatizó que la prohibición de estos dispositivos no es solo una decisión legal, sino una acción de salud pública y un acto de justicia y amor hacia las infancias, a quienes —dijo— no se les puede seguir exponiendo a riesgos que comprometen su desarrollo y su futuro.
Por: Antonio Gaytán
