El Congreso del Estado analiza la creación de una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con la que se busca acercar la justicia a las familias, reducir la carga en los tribunales y fomentar una cultura de paz.

La iniciativa fue presentada por la diputada Verónica González Olguín, del Grupo Parlamentario del PAN, quien destacó la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal para armonizarlo con la legislación federal y las mejores prácticas internacionales.

El proyecto propone la instalación de centros especializados en mediación, conciliación y arbitraje, tanto públicos como privados, donde los ciudadanos puedan resolver conflictos cotidianos de forma más ágil, gratuita y sin procesos judiciales prolongados.

Entre los ejes principales se contempla la certificación de facilitadores y abogadas colaborativas, la confidencialidad de los procesos y la garantía de imparcialidad para ambas partes. De igual manera, establece procedimientos claros para que los tribunales deriven casos susceptibles de resolverse fuera del litigio tradicional.

La legisladora panista subrayó que este modelo busca fortalecer el tejido social desde la empatía y la prevención. “No se trata de sustituir a los tribunales, sino de ofrecer caminos más humanos, rápidos y menos costosos para las familias”, señaló al explicar que la propuesta está inspirada en experiencias exitosas aplicadas en otros estados.

Con esta ley, Durango podría contar con una justicia restaurativa más cercana a la ciudadanía, enfocada en la reparación de daños y la reconciliación, en lugar de prolongar conflictos por vía judicial. También se prevé que el nuevo sistema reduzca la saturación de los juzgados y permita ahorros tanto para el Estado como para las familias y empresas.

La iniciativa plantea además mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar la transparencia y evitar abusos en la mediación, así como sanciones ante cualquier violación de los principios de voluntariedad o confidencialidad.

De aprobarse, Durango se convertiría en una de las primeras entidades del norte del país en contar con una legislación integral de este tipo, que coloca al ciudadano en el centro de la justicia y promueve soluciones colaborativas en lugar de punitivas.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Asuntos Familiares para su análisis.

Por: Antonio Gaytán