El diputado Héctor Herrera Núñez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que busca proteger a víctimas, testigos y operadores de justicia frente a los riesgos del entorno digital, donde la exposición en redes sociales puede poner en peligro su seguridad o integridad.

La propuesta reforma la Ley Estatal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de incorporar un nuevo capítulo dedicado a la protección digital de quienes participan en procesos judiciales, ante el incremento de agresiones, difamaciones y filtraciones de información en plataformas digitales.

Durante su intervención en tribuna, Herrera advirtió que “la justicia del siglo XXI enfrenta amenazas que ya no provienen sólo de las calles, sino también de los dispositivos que todos llevamos en las manos”.

Una fotografía filtrada o la divulgación de una dirección, explicó, pueden vulnerar la vida de una víctima, la imparcialidad de un juez o la seguridad de un testigo.

El legislador citó cifras del INEGI, que señalan que más del 80% de la población mexicana utiliza internet de forma regular y una de cada cinco personas ha sufrido algún tipo de acoso o agresión digital.

“No estamos hablando de casos aislados, sino de una forma cotidiana de violencia que ha alcanzado también al sistema de justicia”, enfatizó.

Unidad de Protección Digital

La iniciativa contempla la creación de una Unidad de Protección Digital (UPD) dentro de la Fiscalía General del Estado, especializada en evaluar, prevenir y responder a riesgos en línea que afecten a las personas involucradas en procesos penales.

Entre las medidas propuestas se incluyen:

• Eliminación o bloqueo de contenidos que pongan en riesgo la seguridad o identidad de los protegidos.
• Prohibición de contacto digital entre las partes cuando exista riesgo comprobado.
• Asesoría técnica para fortalecer la protección de datos personales y evitar la exposición en redes.

El diputado aclaró que la propuesta no busca censurar la libertad de expresión, sino proteger la vida y dignidad de quienes participan en la procuración de justicia.

“La libertad de expresión no puede convertirse en una herramienta para vulnerar derechos humanos o exponer a quienes buscan justicia”, afirmó.

Herrera destacó que Durango podría integrarse a la lista de entidades que ya cuentan con mecanismos de protección digital, como Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, donde este tipo de políticas han permitido resguardar a jueces, ministerios públicos y víctimas de delitos graves.

En esos estados, precisó, se han documentado resultados positivos, como la retención de material audiovisual sensible y la atención de más de 180 casos de amenazas digitales.

“No hacer nada sería aceptar que la justicia se ejerza con miedo. La protección debe incluir también el espacio digital, porque hoy las redes pueden ser tan peligrosas como las calles”, señaló.

El diputado morenista subrayó que el Congreso de Durango tiene la oportunidad de dar un paso hacia un marco jurídico más actual y humano.

“Proteger la identidad es proteger la justicia, y proteger la justicia es proteger al pueblo de Durango. Esta es una reforma moderna, preventiva y necesaria”, puntualizó.

Turnada a Comisión

La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen. De aprobarse, Durango se convertiría en uno de los primeros estados del norte del país con un mecanismo formal de protección digital para quienes intervienen en el sistema penal.

La iniciativa busca además fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, garantizando que las redes sociales y las plataformas digitales no sean utilizadas para intimidar o vulnerar la labor de quienes hacen posible la justicia.

Por: Antonio Gaytán