Un engomado o distintivo estatal para autos chocolatos fue propuesto este día en el Congreso del Estado de Durango como alternativa para los vehículos que no pudieron regularizarse y actualmente circulan sin placas en la entidad.

La propuesta fue planteada por Juan Salomón Olivas, presidente de la asociación de vendedores independientes del estado de Durango, durante una entrevista en el Poder Legislativo, donde explicó que se busca crear un registro estatal para otorgar un distintivo oficial a cambio de un pago que podría oscilar entre mil y mil 200 pesos.

Detalló que el esquema incluiría una revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para verificar que la unidad no cuente con reporte de robo, así como la inspección del polarizado —que sería retirado en caso de incumplir la norma— y la entrega de documentos como credencial de elector y comprobante de domicilio para integrar un padrón estatal.

Señaló que miles de vehículos quedaron fuera del proceso federal de regularización, ya sea por el número de serie —como los que inician con 9 y son fabricados fuera de Norteamérica— o porque ingresaron al país después de la fecha límite establecida en el decreto de 2021.

Cabe recordar que a nivel federal el programa para regularizar autos chocolatos ya concluyó y actualmente no existe un mecanismo simplificado para legalizarlos, por lo que quienes no cumplieron con los requisitos quedaron sin alternativa bajo ese esquema y solo podrían optar por un proceso formal de importación definitiva ante autoridades aduanales.

Olivas informó que ya dialogó sobre la propuesta con los diputados Fernando Rocha Amaro y Gaby Vázquez Chacón, quienes, dijo, no han mostrado una postura negativa y ven viable analizar la posibilidad de un registro estatal.

Indicó que ante el anuncio de que a partir de marzo no se permitirá la circulación de vehículos sin placas en Durango, muchos propietarios han optado por resguardar sus unidades, aunque aseguró que aún son miles los autos en esta condición en el estado.

El planteamiento, sostuvo, busca evitar decomisos que podrían generar conflicto social y carga operativa para el gobierno, además de permitir que el estado cuente con datos de los propietarios y obtenga ingresos por el registro.