Javier Reyes, representante de la Organización Nacional de Ciudadanos Emprendedores (ONCE), planteó la creación de un “Programa de Bienestar” para la importación legal de autos extranjeros, luego de que el Gobierno federal eliminó el decreto que permitió la regularización de este tipo de vehículos y dejó sin alternativa a miles de familias que dependen de ellos para trabajar y trasladarse.

Reyes explicó que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025 canceló de manera definitiva el esquema de regularización vigente desde 2022, con lo que actualmente ya no existe ningún mecanismo especial para legalizar vehículos de procedencia extranjera. Subrayó que quienes no realizaron el trámite dentro del plazo establecido ya no podrán hacerlo y descartó cualquier posibilidad de prórroga.

De acuerdo con el dirigente, la eliminación del decreto respondió a presiones de la industria automotriz y de organismos empresariales vinculados a la venta y fabricación de vehículos, los cuales —afirmó— se opusieron desde el inicio al programa al considerar que afectaba al mercado formal. A su juicio, estos intereses influyeron de manera determinante en la decisión, pese al impacto social que tuvo la regularización para millones de familias en distintas regiones del país.

No obstante, Reyes también reconoció que durante la vigencia del decreto se presentaron malas prácticas y aprovechamientos indebidos por parte de gestores y organizaciones que utilizaron el esquema con fines económicos, sin haber participado en la defensa del patrimonio de las familias. Estas distorsiones, señaló, debilitaron el programa y facilitaron su cancelación.

Ante este escenario, la ONCE no propone reactivar la regularización mediante un nuevo decreto, sino impulsar un “Programa de Bienestar” enfocado en la importación definitiva de vehículos desde la frontera, conforme a lo que establece la Ley Aduanera. La propuesta contempla que los autos ingresen al país con pedimento de importación definitiva, sin intermediarios, y bajo un padrón controlado de beneficiarios.

El planteamiento estaría dirigido a personas que trabajan, producen y pagan impuestos, como campesinos, profesionistas, maestros, amas de casa y trabajadores en general, quienes acreditarían su actividad productiva mediante registros fiscales. El objetivo, dijo, es dar certeza jurídica, reducir la discrecionalidad y evitar extorsiones en carreteras y puntos de revisión.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la aplicación de esquemas tipo cupo para reducir aranceles y abaratar los costos de la importación legal, mecanismo que ya se utiliza en el comercio exterior para otras mercancías. Reyes sostuvo que este modelo permitiría ordenar el ingreso de vehículos y evitar soluciones temporales o con fines políticos.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse y a no dejarse engañar por supuestos gestores, al reiterar que actualmente no existe ningún programa vigente de regularización y que el debate ahora se centra en si el Estado debe o no construir una política de Bienestar que atienda una realidad social que sigue presente en amplias regiones del país.