La diputada local Sandra Amaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango, con el objetivo de institucionalizar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Desde tribuna, la legisladora destacó que esta reforma busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción de manera efectiva. La propuesta contempla la adición de los artículos 40 Bis y 40 Ter, los cuales establecerán mecanismos formales y permanentes de colaboración entre ambas dependencias.

Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2022, publicada por el INEGI, el 86.3% de los ciudadanos mexicanos perciben que la corrupción es una práctica común en los gobiernos estatales. En el caso de Durango, el 68.7% de la población considera que los trámites y servicios gubernamentales están sujetos a actos de corrupción.

Amaya subrayó que estas cifras reflejan una realidad alarmante que requiere acción inmediata. “No podemos permanecer indiferentes ante un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones, desvía recursos públicos y perpetúa la impunidad”, afirmó.

La reforma propone establecer protocolos conjuntos para proteger a denunciantes, víctimas, testigos y servidores públicos implicados en investigaciones, además de facilitar el intercambio de información estratégica y la estandarización en la recepción y atención de denuncias. Todo ello, con pleno respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales.

También se contempla que la Secretaría de Seguridad Pública pueda firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, lo cual ampliará la cooperación y permitirá adoptar buenas prácticas en la lucha anticorrupción.

Finalmente, Sandra Amaya destacó que esta iniciativa es congruente con el modelo de gobierno que impulsa Morena: uno basado en la legalidad, la transparencia y la ética pública. “Durango no puede quedarse atrás en la lucha contra la corrupción. Esta propuesta es una herramienta seria y necesaria”, concluyó.

Por: Antonio Gaytán