El diputado Iván Soto Mendía, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada del Estado con el objetivo de fortalecer el marco jurídico del sector, brindar mayor certeza a las empresas que operan legalmente y establecer con claridad las causales para revocar autorizaciones a quienes incumplan la ley.

Al presentar la propuesta en el Congreso del Estado, el legislador señaló que la seguridad de las personas debe prevalecer sobre cualquier interés particular y que es necesario contar con reglas más claras para garantizar que las empresas de seguridad privada operen de manera responsable.

“En Durango, la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés particular. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia un sistema de seguridad privada más transparente, responsable y alineado con el interés público”, expresó.

Durante la ampliación de motivos, recordó que la Ley de Seguridad Privada vigente fue creada en 2016 y representó un avance importante para regular el funcionamiento de estas empresas, definir competencias y establecer un sistema de autorizaciones; sin embargo, consideró que el marco legal debe actualizarse para responder a los retos actuales.

La iniciativa plantea precisar las causas por las que una empresa puede perder su autorización para operar, entre ellas acumular más de una suspensión de actividades, contratar personal sin aprobar los exámenes de control de confianza o presentar información falsa durante el proceso de autorización o supervisión.

También contempla sanciones cuando se utilicen vehículos, uniformes o insignias similares a los de instituciones oficiales de seguridad pública, se impida la realización de inspecciones por parte de la autoridad o se detecte el uso de armas no autorizadas.

De igual forma, se establece la revocación de permisos cuando se compruebe el uso de recursos de procedencia ilícita o la participación de personal de estas empresas en delitos graves.

Soto Mendía subrayó que la iniciativa no busca obstaculizar a las empresas que prestan servicios de seguridad privada de manera legal, sino fortalecer el sistema de supervisión y sanciones para garantizar que operen bajo estándares de legalidad y responsabilidad.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.