El Congreso del Estado de Durango recibió una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en Investigación de la Tortura, con el objetivo de fortalecer las facultades de esta institución y mejorar los resultados en la persecución de estos delitos.

La propuesta fue presentada en tribuna por la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, integrante de la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, quien señaló que el combate a la corrupción debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

Explicó que la iniciativa busca fortalecer la capacidad operativa, técnica y humana de la Fiscalía Anticorrupción, así como consolidar mecanismos más eficaces de investigación, transparencia y rendición de cuentas.

Durante su intervención, la legisladora recordó que en 2024 se ampliaron las atribuciones de esta fiscalía para investigar también hechos relacionados con tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero el Congreso aún no ha armonizado el marco legal correspondiente.

Indicó que esta situación genera una omisión legislativa que es necesario corregir para que la institución cuente con un sustento jurídico claro en el cumplimiento de sus funciones.

“La tortura, además de constituir una grave violación a los derechos humanos, ha sido utilizada históricamente como un mecanismo para encubrir redes de corrupción y fabricar culpables”, expresó.

La iniciativa plantea expedir una nueva ley que regule el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en Investigación de la Tortura, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y exigir resultados efectivos en el combate a estos delitos.

De acuerdo con datos mencionados durante la sesión, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar cerca de 145 millones de pesos derivados de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

La propuesta también contempla la creación de un fondo estatal de bienes recuperados, con el objetivo de garantizar que los recursos obtenidos por casos de corrupción se destinen de manera transparente a áreas como salud, educación, seguridad, atención a víctimas y programas sociales.

“Quien le roba al pueblo no sólo enfrentará la justicia, también deberá devolver lo robado”, afirmó la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.