El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó que en abril la entidad recibió 120 millones de pesos menos en participaciones federales y advirtió que este recorte marca el inicio de un periodo de incertidumbre presupuestal que podría repetirse mes con mes.

El mandatario explicó que la disminución de recursos ya obliga a realizar ajustes internos en el gobierno estatal, con recortes proporcionales en dependencias, ante un escenario donde no hay certeza sobre el comportamiento futuro de las participaciones.

“Nos quitaron 120 millones de pesos este mes. Vamos a tener que hacer ajustes y cada mes vamos a estar con esa zozobra de si viene menor presupuesto”, afirmó.

Villegas vinculó este recorte con un contexto económico nacional adverso, marcado por la desaceleración de la economía y presiones sobre las finanzas públicas. Durante el primer trimestre de 2026, el país registró una contracción del 0.8% en el Producto Interno Bruto (PIB), reflejando una caída en la actividad económica y menores ingresos para el Estado.

A este escenario se suma la política federal de contención en los precios de los combustibles, que ha implicado un alto costo fiscal. El gobernador señaló que el subsidio a las gasolinas reduce la recaudación disponible y termina impactando en los recursos que se distribuyen a las entidades.

“Estamos subsidiando la gasolina entre todos los mexicanos, no solamente el gobierno federal”, sostuvo.

El mandatario advirtió que esta combinación de factores —menor crecimiento económico, caída en ingresos y presión fiscal— podría derivar en recortes recurrentes para los estados, generando un entorno de inestabilidad financiera.

“Cada mes vamos a estar con esa incertidumbre en las participaciones”, insistió.

Ante este panorama, el gobierno de Durango ya analiza ajustes en su estructura de gasto para mantener la operación de las dependencias, aunque reconoció que el margen de maniobra será limitado si continúan las reducciones federales.

El caso refleja una tendencia nacional en la que los estados comienzan a resentir los efectos de la desaceleración económica y las decisiones fiscales del gobierno federal, en un contexto donde el equilibrio entre control de precios, ingresos públicos y gasto se vuelve cada vez más complejo.