La diputada Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados representa un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos, al limitar una de las herramientas jurídicas más importantes del país frente a los abusos del poder público.

Durante su intervención en la sesión del Congreso del Estado de Durango, celebrada el 14 de octubre de 2025, la legisladora recordó que la Ley de Amparo fue creada “para proteger al ciudadano del gobierno, no al gobierno del ciudadano”, y alertó que cualquier intento por restringirla rompe el equilibrio de poderes y debilita los contrapesos institucionales.

“El amparo no es para proteger al gobierno, sino al ciudadano”, expresó Rebollo Mendoza, al recalcar que quienes suelen estar indefensos son los particulares ante la autoridad.

La diputada señaló que el debate público se ha concentrado en el artículo transitorio que permitiría la aplicación retroactiva de la ley, pero existen temas de fondo que requieren un análisis más profundo, como la redefinición del interés legítimo, la restricción de suspensiones, el cumplimiento de sentencias y los efectos reales de la reforma en la vida jurídica del país.

Cuestionó además que los foros de Parlamento Abierto organizados por la Cámara de Diputados se desarrollaran “a toda prisa”, sin el tiempo suficiente para escuchar a expertos ni evaluar las consecuencias de los cambios.

“Hubiese sido una oportunidad valiosa para revisar integralmente la reforma y preguntarnos si no estamos convirtiendo al amparo, ese escudo histórico del pueblo, en una herramienta cada vez más pequeña y menos accesible”, manifestó.

Rebollo sostuvo que el amparo es un litigio de derecho público donde la contraparte siempre es el Estado, por lo que inclinar la balanza a favor del poder y no del ciudadano resulta preocupante.

Como ejemplo, mencionó que agregar nuevos requisitos para obtener una suspensión en casos fiscales o financieros podría dejar indefensos a los contribuyentes, ya que un error administrativo podría costarles millones de pesos sin posibilidad de defensa inmediata.

Finalmente, advirtió que sin la suspensión provisional, los ciudadanos serían “culpables de facto”, al no poder detener los efectos de una resolución mientras se desarrolla el juicio.

Morena defiende la reforma: busca orden y digitalización del sistema judicial

En contraste, la diputada Georgina Solorio García, de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, defendió que la reforma a la Ley de Amparo no busca debilitar derechos, sino modernizar el sistema jurídico, evitar abusos de poder económico y digitalizar los procesos para hacerlos más ágiles y accesibles.

“No se trata de quitar derechos, sino de poner orden. El amparo seguirá siendo una herramienta ciudadana, pero no puede seguir siendo un instrumento de evasión para quienes buscan frenar la justicia o manipularla en su beneficio”, afirmó desde la tribuna.

Solorio García sostuvo que, durante años, el amparo ha sido utilizado por grupos privilegiados o grandes corporativos para detener obras públicas o evadir responsabilidades fiscales, mientras miles de ciudadanos carecen de recursos para acceder a este mecanismo.

Explicó que la reforma federal impulsada por el Congreso pretende simplificar trámites, reducir costos y fortalecer la equidad procesal, de manera que el acceso a la justicia sea más efectivo y universal.

“El pueblo no pierde derechos con esta reforma, gana certidumbre. Lo que cambia es que el poder económico ya no podrá usar el amparo como escudo político o financiero”, subrayó.

Ambas legisladoras coincidieron en la importancia de mantener un debate abierto y técnico sobre el futuro del sistema de justicia en México, aunque con posturas claramente opuestas respecto a los alcances y riesgos de la reforma.

Por: Antonio Gaytán