Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad denunciaron que la reforma al artículo 127 constitucional ya comenzó a impactar directamente sus pensiones, con recortes que alcanzan hasta el 50 por ciento de los ingresos que recibían anteriormente.

Integrantes del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE señalaron que en Durango existen alrededor de 200 personas afectadas por esta medida, aunque reconocieron que podrían ser más debido a que muchos son adultos mayores y no todos han podido ser localizados.

Jesús Héctor Acevedo Chapa, representante del movimiento, aseguró que la reforma fue presentada públicamente como una acción contra las llamadas “pensiones doradas”, pero afirmó que en la práctica terminó afectando a trabajadores jubilados que obtuvieron sus prestaciones tras décadas de servicio y bajo condiciones legales previamente establecidas.

Explicó que la modificación constitucional estableció un tope a las pensiones equivalente al 50 por ciento del salario que percibe la Presidencia de la República, lo que derivó en descuentos inmediatos para diversos jubilados de la paraestatal.

“Ya vimos topar las pensiones a esa cantidad”, afirmó.

Los inconformes sostienen que la aplicación de la reforma viola el principio constitucional de no retroactividad de la ley, al modificar condiciones que ya formaban parte de derechos adquiridos.

“Nos cambiaron las reglas después de jubilarnos”, señalaron durante su visita al Congreso local, donde buscan respaldo para que en las leyes secundarias se elimine cualquier disposición que permita aplicar la reforma de manera retroactiva.

Además del impacto legal, advirtieron afectaciones económicas y emocionales para cientos de familias, debido a que muchos jubilados construyeron compromisos financieros, tratamientos médicos y seguros de salud con base en los ingresos que percibían antes del recorte.

Indicaron que varios de los afectados son personas de edad avanzada que ya no tienen posibilidades reales de incorporarse nuevamente al mercado laboral para compensar la disminución de sus ingresos.

Los jubilados aseguraron que no se oponen a que se investiguen posibles casos de privilegios indebidos, pero pidieron que las autoridades auditen individualmente las pensiones antes de generalizar y aplicar recortes masivos.