La regularización de asentamientos ubicados en zonas federales continúa en gestión en Durango, informó el gobernador Esteban Villegas al término de la entrega de 300 títulos de propiedad realizada junto al alcalde Toño Ochoa.

El mandatario explicó que existen fraccionamientos que ya cuentan con agua, drenaje, electrificación y calles pavimentadas, pero que jurídicamente no han podido regularizarse por tratarse de zonas federales, por lo que se mantienen pláticas para que, en los casos donde ya no exista riesgo, se pueda avanzar en su formalización.

Señaló que el hacinamiento es uno de los temas que más preocupan, ya que muchas familias viven en espacios reducidos y no pueden ampliar o mejorar su vivienda porque no cuentan con título de propiedad.

Indicó que las reglas de operación no permiten invertir recursos públicos en predios que legalmente no están regularizados, lo que impide apoyar con cuartos adicionales, techos, pisos, baños, tinacos o boiler solar, aun cuando las familias lleven años habitando esos terrenos.

Villegas reconoció que hay invasiones donde la situación será más compleja y no será posible regularizar, por lo que se analizan alternativas en coordinación con el municipio. Dejó claro que no se permitirá una sola invasión más y que, en cuanto se detecte alguna, se actuará de inmediato para evitar que crezca.

Advirtió además que la falta de certeza jurídica abre la puerta a abusos por parte de personas que buscan cobrar por supuestos trámites de regularización, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y acudir directamente al Gobierno del Estado o al Gobierno Municipal para cualquier gestión relacionada con sus terrenos.

Durante el acto, recordó que la semana pasada se entregaron 200 títulos en Vicente Guerrero y que la meta es avanzar de manera más amplia en la regularización en los próximos años.

Como antecedente, en los alrededores del fraccionamiento San Juan se han registrado invasiones en zona federal, situación que ha obligado a la intervención de autoridades para contener la expansión de asentamientos irregulares.

Finalmente, reiteró que el objetivo es dar certeza jurídica a las familias y reducir el rezago en materia de vivienda.