Por: Karla Tinoco

En los últimos procesos electorales las democracias han experimentado una disminución en sus tasas de participación, esto representa un llamado de atención para las instituciones políticas que consideran al abstencionismo como un elemento negativo para la estabilidad y legitimidad de la democracia.

En el proceso electoral de 1994, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contabilizó 77.16 por ciento de participación electoral, frente a un 22.84 por ciento de ciudadanos que no quisieron votar. Uno de los factores que pudo haber influido fue el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo en Lomas Taurinas, en Tijuana, BC.

En el siguiente sexenio el proceso electoral vivió un primer revés, al quedar electo por primera vez el candidato del PAN, Vicente Fox Quezada. En ese proceso, el 63.97 por ciento de los electores acudieron a las urnas y el 36.03 por ciento de los ciudadanos no votaron.

En tanto que para el proceso electoral de 2006 se registró una disminución importante de quienes emitieron su sufragio, pues únicamente el 58.55 por ciento del electorado votó. Esta cifra reflejó una disminución de 41.45 por ciento de quienes no votaron, casi la mitad de la lista nominal a nivel nacional.

Para el proceso electoral de 2012 se presentó un ligero repunte respecto a las elecciones anteriores, alcanzando un 62.08 por ciento de participación ciudadana, frente a un 37.92 por ciento de abstencionismo.

Finalmente, en las elecciones presidenciales de 2018 el INE documentó una votación del 63.1 por ciento, mientras que el 36.9 por ciento de la ciudadanía no votó.

Para este proceso electoral, las autoridades apuestan a que se presente una mayor participación ciudadana a través de estrategias como el voto anticipado en sus modalidades de voto en el extranjero, sufragio en personas en situación de postración y voto en prisión preventiva.

Si es un derecho y un deber social, ¿por qué no votar? 

El artículo 36 constitucional establece que el voto es un derecho y un deber social, por lo que todas las personas ciudadanas mayores de 18 años tienen la obligación de acudir a las urnas en cada proceso electoral y elegir a sus representantes democráticamente.

La duda es, ¿por qué no votan?, ¿por qué la apatía y el abstencionismo han estado a punto de ganarle a las y los candidatos? Las razones son distintas, algunos especialistas consideran que falta de confianza en las instituciones, una reivindicación del individualismo, procesos de globalización que erosionan las facultades del estado-nación o la necesidad de nuevos modelos de participación electoral.

Incluso, hay quienes consideran que la falta de interés por participar en los procesos electorales, tienen una relación estrecha con la discriminación, como lo plantea la consejera electoral del INE, Carla Humphrey:

“Para el caso de las personas jóvenes, diversos estudios tanto del INE o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México reflejan que es el segmento de la población que menos participa en elecciones, pues según los registros del INEGI en 2017 un 21.4% manifestó haber sido discriminada, en tanto que para 2022 la cifra creció hasta el 28.5%”.

La consejera del INE atribuye el abstencionismo de las personas jóvenes a que no se sienten identificados con ninguna propuesta partidista; esto representa un “reflejo de que no son consideradas o analizadas los intereses o la problemática de las y los jóvenes propiciando que, al no sentirse identificados no tengan intención de ir a votar”.

Consecuencias de no votar 

• Desigualdad en la representación: Los grupos de votantes más comprometidos pueden tener una influencia desproporcionada en los resultados electorales y posteriormente en la toma de decisiones, dejando a otros segmentos de la sociedad con pocas posibilidades de participación al no sentirse representados.
• Debilidad de mandato: Los funcionarios electos pueden asumir el cargo con un mandato débil, y esto podría dificultar la generación de políticas y tomar decisiones para la totalidad de la población.
• Desconfianza en las instituciones: Puede ser un reflejo de la desconfianza en el sistema político o en los candidatos.
• Estabilidad política: Una baja participación electoral puede generar inestabilidad política, ya que los resultados pueden ser más susceptibles de cuestionamiento y conflicto.
• Impacto en políticas públicas: La falta de participación influye en la formulación de políticas públicas, ya que los temas que importan a los abstencionistas pueden no ser prioridad para los gobernantes electos.
• Pérdida de oportunidades democráticas: Cada elección es una oportunidad para influir en el rumbo del país y la calidad de vida de la ciudadanía. No participar es renunciar a ese derecho.

Estas consecuencias subrayan la importancia de la participación ciudadana en las elecciones, de ahí que el voto sea fundamental para el funcionamiento de una democracia representativa.

¿Hacer el voto obligatorio?

Aunque la Carta Magna marca como una obligación ejercer el sufragio activo, paralelamente, no se dictan sanciones ni apercibimientos en caso de no hacerlo. Esta situación, en relación con los niveles de abstencionismo, han llevado en varias ocasiones a plantear la posibilidad de modificar el artículo 36 constitucional para tipificar como obligatorio votar en cada proceso electoral.

Actualmente, países como Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia ya tienen establecido el voto obligatorio sancionado, consiguiendo un porcentaje del 90 por ciento de participación electoral.

Algunos países aplican sanciones, pero en muchos casos, estas no llegan a ser efectivas y pueden incluir multas, limitación de derechos civiles, como la privación temporal del derecho al voto o la exclusión de cargos públicos, e incluso la publicación de listas de no votantes.