El diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco, propuso reformar el Código Penal del Estado para establecer sanciones más severas al robo de medicamentos dentro del sector salud, al advertir que este delito pone en riesgo la vida de las personas y actualmente no se castiga con la gravedad que amerita.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, señaló que estos casos suelen tratarse como robos simples, sin considerar su impacto en la salud pública, por lo que planteó tipificar de manera específica la sustracción de insumos médicos cuando sea cometida por personal vinculado a instituciones sanitarias.

“El robo de medicamentos no es un delito menor. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó.

La iniciativa propone incorporar una nueva disposición para sancionar la sustracción de fármacos, vacunas, insumos médicos, equipo especializado y cualquier producto destinado a la atención sanitaria, cuando el responsable sea personal del sector salud, al considerar que existe un deber superior de cuidado en este ámbito.

El legislador explicó que la propuesta también busca frenar el llamado “robo hormiga” y la comercialización ilegal de medicamentos, fenómenos que se han agravado en medio del desabasto en el sistema de salud y que han abierto espacio a mercados irregulares.

Recordó que esta iniciativa surge tras la crisis de meningitis registrada en Durango entre 2022 y 2023, que dejó más de 40 personas fallecidas y evidenció fallas graves en el manejo y control de insumos médicos.

“El sistema no puede tratar igual a quien roba por necesidad que a quien traiciona la confianza en el sistema de salud. Esta reforma no busca llenar cárceles, sino vaciar la impunidad en nuestros hospitales”, afirmó.

Actualmente, la legislación establece penas de tres meses a tres años de prisión y multas económicas por robo, pero no contempla sanciones específicas para personal de salud, lo que, a decir del legislador, deja un vacío legal que facilita la impunidad en este tipo de conductas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.