Con el objetivo de cerrar el paso a la corrupción y fortalecer los procesos de fiscalización, la diputada Sandra Amaya, integrante de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, impulsa una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado.

La propuesta busca dotar a la Auditoría Superior del Estado (EASE) de una estructura sólida, con mayor autonomía técnica, operatividad funcional y un enfoque profundamente ético. Se pretende eliminar prácticas que han generado desconfianza ciudadana, conflictos de interés y discrecionalidad en los procesos de fiscalización del gasto público.

Entre los puntos más relevantes de la reforma destacan:

• Clasificación clara de atribuciones entre auditorías generales “A” y “B” para delimitar funciones y optimizar recursos.

• Prohibición expresa de la “puerta giratoria”, impidiendo que auditores o personal técnico trabajen para entes fiscalizables durante su encargo y hasta cinco años después.

• Eliminación de duplicidades operativas y definición normativa de la estructura interna.

• Refuerzo de los principios de ética, transparencia y rendición de cuentas, alineado con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Sandra Amaya subrayó que no se puede hablar de una fiscalización efectiva si quienes auditan no cuentan con los marcos normativos adecuados que protejan la integridad del proceso. La corrupción no solo es un problema técnico, sino un obstáculo directo al correcto uso del dinero público.

Esta reforma busca responder al mandato ciudadano de garantizar una auditoría pública más creíble, ética y efectiva, erradicando de raíz los vacíos legales que han permitido beneficios personales indebidos a partir de funciones técnicas.

Por: Antonio Gaytán