La titular de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), Sonia Yadira de la Garza Fragoso, aseguró que “se hará justicia” en el caso de la adolescente de 14 años que falleció en la clínica Santa María el pasado 20 de septiembre, tras ser sometida presuntamente a una cirugía estética sin consentimiento del padre.
El reporte inicial
De acuerdo con la fiscal, el primer aviso se recibió el mismo 20 de septiembre a las 19:24 horas, cuando la trabajadora social de la clínica Santa María notificó vía 911 el fallecimiento del adolescente identificado con las iniciales PAE, quien había ingresado tres días antes por problemas respiratorios.
En ese momento, agentes del Ministerio Público acudieron a la clínica, pero constataron que el cuerpo ya había sido trasladado a una funeraria. Allí se entrevistaron con los padres, Paloma Yasmín y Carlos Zaid Arellano Aragón, quienes en un principio aceptaron el certificado de defunción y expresaron que no deseaban proceder por la vía civil o penal contra nadie. El acta señalaba como causas de la muerte edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.
La denuncia del padre
Sin embargo, al día siguiente, el 21 de septiembre, el padre acudió nuevamente a la FGED para denunciar que había constatado en la funeraria que su hija fue sometida a una cirugía de mama, lo que consideró una intervención no autorizada. Por ello solicitó que se practicara la necropsia de ley.
El cuerpo fue trasladado por la Fiscalía y se le realizó la necropsia correspondiente, cuyos resultados preliminares confirmaron edema cerebral y complicaciones pulmonares. No obstante, el dictamen patológico definitivo se emitirá en un plazo de 10 a 20 días, ya que se requiere un estudio especializado de los tejidos en el hospital 450.
Líneas de investigación
La fiscal Sonia Yadira explicó que la investigación se concentra en dos posibles responsabilidades:
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Omisión de cuidados por parte de la madre, al haber puesto en riesgo a la menor de edad bajo su custodia y autorizar la cirugía sin consentimiento del padre.
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Responsabilidad médico-profesional, que podría derivar en el delito de homicidio culposo en caso de comprobarse una mala praxis durante el procedimiento quirúrgico.
Además, ya se revisa el expediente clínico y los documentos de consentimiento firmados en la clínica para determinar quién autorizó formalmente la intervención.
Transparencia en la investigación
De la Garza Fragoso también desmintió rumores que apuntaban a un posible encubrimiento por vínculos familiares del médico involucrado. Subrayó que el padre del doctor señalado ya no ocupa un cargo público y que ninguna persona ha intervenido en el proceso, al igual que familiares de la otra parte tampoco tendrán injerencia.
“La Fiscalía aplicará la ley conforme a derecho, sin importar quiénes sean los familiares de una parte u otra. Se hará justicia con certeza y seguridad jurídica”, enfatizó.
Lo que sigue
La carpeta de investigación sigue abierta y se judicializará en cuanto se reúnan los elementos periciales, médicos y legales necesarios. El dictamen patológico será determinante para definir responsabilidades.
La Fiscal reiteró que este caso será tratado con absoluto apego a la ley, transparencia y respeto a los derechos de las partes, garantizando que no habrá impunidad ni privilegios.
Por: Antonio Gaytán
