El diputado local de Morena en Durango, Héctor Herrera, fijó postura sobre la acusación de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas.

“Se tiene que comprobar”, afirmó, al subrayar que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar y determinar si las acusaciones son reales o falsas.

El legislador consideró que el momento en que surge el caso resulta “extraño”, al recordar que desde la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada han circulado diversas versiones, por lo que pidió analizar si se trata de un hecho sustentado o de un tema político.

Herrera también puso en duda la solidez de los señalamientos al referir que se basan en testigos protegidos, lo que, dijo, obliga a revisar con mayor rigor la veracidad de la información.

Aseguró que desde el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum se ha sido claro en que no se protege a nadie y que, en caso de existir pruebas, debe aplicarse la ley sin distinción.

“El que la hace la paga”, sostuvo, al insistir en que las investigaciones deben apegarse a los protocolos legales y garantizar certeza jurídica.

El diputado rechazó que exista encubrimiento y atribuyó los señalamientos a una narrativa de la oposición para desacreditar al gobierno federal, al tiempo que defendió que actualmente hay una estrategia de combate al crimen organizado.

En ese sentido, mencionó acciones recientes contra grupos delictivos como parte de una política de seguridad distinta a la de administraciones pasadas, en referencia a gobiernos como el de Felipe Calderón.

Asimismo, explicó que para proceder legalmente contra un gobernador en funciones se debe seguir el proceso de juicio de procedencia conforme a la legislación mexicana, por lo que insistió en respetar los tiempos y mecanismos institucionales.

Finalmente, advirtió que el caso también debe analizarse en el contexto político, al señalar que se acerca un proceso electoral en Sinaloa, y reiteró que, aunque existe disposición de colaboración internacional, no debe permitirse injerencia externa en las decisiones del país.