El titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised), David Payán, confirmó que no hay fecha para la firma del convenio con el Gobierno federal para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Durango, al no haberse recibido aún una propuesta formal.

Explicó que el estado se mantiene a la espera del planteamiento, el cual —aseguró— no ha llegado “ni en lo digital, ni en lo físico, ni en lo directo”, lo que ha impedido avanzar en la revisión de las condiciones presupuestales.

Payán detalló que Durango cuenta con 40 millones de pesos etiquetados y 3 mil 500 expedientes integrados, con lo que se podría atender a más de 2 mil 300 personas con discapacidad; incluso, de concretarse la coordinación, la cobertura podría ampliarse hasta 4 mil beneficiarios.

Precisó que el planteamiento inicial de la federación contemplaba cubrir a toda la población con discapacidad, pero el estado propuso avanzar con base en los expedientes ya integrados, mientras se continúa con la incorporación de nuevos casos.

Recordó que este esquema fue anunciado por el Gobierno federal desde hace casi dos años y que el gobernador Esteban Villegas expresó desde 2025 la voluntad de sumarse; sin embargo, el convenio sigue sin concretarse.

El funcionario subrayó que no existe falta de recursos por parte del estado, ya que el presupuesto está garantizado, aunque reconoció que la definición depende también de la parte federal.

“El firmar un anexo no es solo por firmarlo, implica coordinación para ampliar cobertura y permitir que más personas accedan a otros beneficios”, señaló.

Añadió que, de lograrse el acuerdo, además de la pensión se facilitaría el acceso a apoyos en especie, terapias, aparatos funcionales y atención integral.

Finalmente, indicó que, aunque no hay fecha definida, se mantiene la comunicación con la federación y la insistencia del gobierno estatal para concretar el convenio.

En paralelo, informó que los programas sociales estatales continúan operando, como la entrega de apoyos alimentarios, pagos de tarjetas económicas y acciones de mejoramiento de vivienda.