Con el objetivo de incluir que toda correspondencia o comunicación dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en ningún caso podrá ser objeto de censura de ningún tipo por parte de los funcionarios y servidores públicos de los centros de detención o reclusión, se propone la Reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, así lo manifestó el diputado Gerardo Galaviz Martínez.

En la iniciativa presentada, también se prevé que, en caso de conocimiento de censura o interferencia en las comunicaciones dirigidas a la Comisión por parte de funcionarios o servidores públicos, la CEDH deberá dar parte a la autoridad competente, para que se finque la responsabilidad y sanción correspondiente.

Abundó, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los Derechos Humanos; del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. De igual forma, se observarán los beneficios que para él prevé la ley.

En el caso de las mujeres, ellas compurgarán sus penas en lugares separados a los que sean destinados para los hombres, para tal efecto.

Derechos ¿A salvo?

Puntualizó, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El representante de la bancada panista, subrayó, que el impedimento de la libertad de desplazamiento en la que se encuentran los reclusos no merma, ni disminuye su calidad y el ejercicio de otros derechos humanos, ni las prerrogativas que le concede la ley.

Finalmente, mencionó que, dichas personas siguen teniendo derecho a la salud, a la capacitación, al trabajo, a la libertad religiosa, a la alimentación y a muchos otros derechos humanos, que deben ser respetados como cualquiera que no se encuentre en situación de cárcel.

Por: Brenda Maurer

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