Entre enero y mayo de 2026, Durango registró únicamente ocho denuncias por el delito de extorsión, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dadas a conocer por Jorge Clemente Mojica Vargas, presidente del Consejo Estatal Ciudadano.

Durante la presentación del Programa Integral de Prevención contra Fraudes y Extorsiones, informó que en enero se iniciaron dos carpetas de investigación por este delito; en febrero, una; en marzo, dos; en abril, una; y en mayo, dos, para un total de ocho denuncias en los primeros cinco meses del año.

Sin embargo, Mojica Vargas aclaró que estas cifras no reflejan necesariamente el número real de intentos de extorsión, ya que muchas personas deciden no denunciar o logran identificar el engaño antes de entregar dinero.

Consideró que uno de los principales retos es fortalecer la confianza de la ciudadanía para reportar estos hechos, ya que aún prevalece la percepción de que denunciar implica trámites largos o que no habrá resultados.

Recordó que actualmente la extorsión es un delito que se persigue de oficio, por lo que exhortó a la población a denunciar y contribuir con información que permita a las autoridades investigar y combatir este ilícito.

Por su parte, el presidente de Canaco Servytur Durango, Sergio Sánchez, coincidió en que la falta de denuncias sigue siendo un obstáculo para enfrentar este delito y atribuyó parte del problema al desconocimiento de los mecanismos disponibles para reportarlo.

Señaló que muchas personas ignoran que pueden presentar denuncias ante instancias federales y estatales sin exponer su identidad, por lo que llamó a generar mayor confianza y difundir las opciones existentes para facilitar el acceso a la justicia.

«Debemos de tener la información a la mano para poder llegar a ellos y poder tener la confianza; también recortarnos los pasos burocráticos para que pueda ser un poco más rápida la denuncia», expresó.

Sánchez añadió que el sector empresarial mantendrá la colaboración con las autoridades para orientar a comerciantes y prestadores de servicios sobre cómo actuar ante un intento de extorsión, al considerar que una mayor participación ciudadana permitirá reducir la cifra negra y fortalecer el combate a este delito.