Este martes 27 de mayo, Antonio García, acompañado de su esposa y sus ocho hijos, se presentó en las puertas del Congreso del Estado de Durango con una manta que resumía casi una década de lucha y frustración: “Libertad de expresión. Sr. Dr. Enríquez, en su administración sí se cometió una tranza”.

Con voz clara y postura firme, García denunció públicamente lo que considera una grave injusticia cometida durante la remodelación del mercado Gómez Palacio, realizada entre 2016 y 2019 bajo el gobierno municipal del entonces alcalde José Ramón Enríquez. Asegura que su familia fue despojada de un puesto comercial sin haber recibido reubicación, compensación ni atención.

El puesto pertenecía a su padre

De acuerdo con su testimonio, el local —que era patrimonio familiar desde generaciones atrás— fue demolido para colocar una escalera en el acceso del mercado por la calle 20 de Noviembre. Al concluir la obra, el espacio fue entregado a los comerciantes del puesto contiguo, quienes ya tenían múltiples locales.

“El puesto era de mi padre. Nos quitaron y agrandaron el espacio del vecino. Nunca nos reubicaron. Nos dejaron sin nada”, explicó. Hoy, su exigencia es clara: que el espacio sea dividido y se le restituya su parte, la que legítimamente le corresponde.

Otra historia de despojo sin justicia

La denuncia también incluye a su compañero Gerardo González, del puesto #153, quien —según García— fue desalojado por la fuerza y reemplazado por otra comerciante que presuntamente pagó dinero para quedarse con el espacio. “Le rompieron candados, lo sacaron y lo dejaron sin nada. Poco después, falleció. Su hermana aún está aquí”, expresó.

“No quiero dinero ni dar lástima”

Don Antonio dejó claro que su lucha no tiene motivaciones económicas ni busca compasión. “No quiero dinero. No quiero dar lástimas. Solo quiero trabajar, lo que es justo. Tengo hijos y quiero enseñarles a ganarse la vida con dignidad”.

Aseguró además que ni él ni su familia —la mayoría ya mayores de edad— votarán por partido alguno. “Ya no creemos en nadie. Puras promesas que nunca se cumplen”.

Protestas, cárcel y deterioro físico

En la administración posterior, cuando fue alcalde Jorge Salum, durante la pandemia de COVID-19, García organizó una protesta cerrando la calle 20 de Noviembre. A raíz de ello —relata— fue detenido junto con su familia y su camioneta fue asegurada. Cuando se la devolvieron meses después, estaba en mal estado: “La tuvimos que llevar al yonke”.

En estos años, su salud también se ha visto afectada: perdió la visión del ojo izquierdo, fue operado del derecho y aún requiere terapias para caminar tras una caída que le dañó la ingle. “No me doy por vencido. Pero ha sido muy duro”.

El Congreso, última esperanza

Antonio acudió al Congreso estatal con la esperanza de ser escuchado por el diputado Fernando Rocha, quien en su momento —cuando era regidor— se comprometió a atender su caso. “Hoy vengo a pedirle que cumpla su palabra. Que me diga por qué no se ha resuelto esto”, dijo.

Una década sin justicia

La historia de Antonio García y su familia refleja no solo una posible injusticia administrativa, sino también un patrón de omisión institucional. Nueve años después, aún no han recibido respuesta ni solución.

La exigencia es simple: un espacio para trabajar, no dinero ni favores. “Durango se entera —advirtió en su manta— de una forma u otra”.

Por: Antonio Gaytán