La diputada local Sandra Amaya, del grupo parlamentario Morena-PVEM, hizo un fuerte llamado desde el Congreso del Estado de Durango para exigir a la Profeco y a la Secretaría de Economía una supervisión inmediata y efectiva sobre los precios de la gasolina en diversos municipios del estado, ante el evidente incumplimiento del acuerdo federal de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

Durante su intervención, la legisladora expuso que, de acuerdo con cifras oficiales, el precio promedio de la gasolina regular en Durango es de 23.94 pesos por litro; sin embargo, este promedio oculta grandes desigualdades. En municipios alejados como Topia, Tamazula y Tepehuanes, el precio ha alcanzado los 24.98 pesos por litro, y en casos extremos como El Oro, se ha elevado hasta los 28.20 pesos. Estos incrementos representan una carga económica insostenible para muchas familias.

Profeco debe revisar precios de gasolina en Durango

Amaya advirtió que los empresarios gasolineros no están respetando el acuerdo voluntario establecido por el Gobierno de México. Por ello, presentó un punto de acuerdo en el que se solicita a la Profeco desplegar un operativo especial de supervisión en estaciones de servicio de todo el estado. El objetivo es verificar que los precios de la gasolina reflejen condiciones de competencia justa y evitar prácticas especulativas o abusivas.

Además, propuso que la Profeco desarrolle una campaña de difusión dirigida a gasolineras y consumidores, con el fin de informar sobre el acuerdo de precios, sus beneficios y su marco legal, buscando evitar desinformación y garantizar que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos como consumidor.

Secretaría de Economía, clave para regular gasolina

El exhorto también contempla a la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, a quien se pide coordinar esfuerzos con la Cámara de Comercio y el sector gasolinero para instalar una mesa de diálogo permanente. Esta instancia servirá para evaluar el impacto de las políticas energéticas y diseñar mecanismos que equilibren los intereses de empresarios y consumidores, sin afectar la cadena de suministro.

La diputada señaló que el precio de la gasolina no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que repercute directamente en sectores clave como el transporte, la agricultura y la industria. El transporte representa más del 6% del PIB estatal y la industria manufacturera alrededor del 20%, ambos altamente dependientes de los combustibles.

Por ello, enfatizó que si bien la regulación del precio de la gasolina es una atribución federal, el Congreso local tiene la obligación de intervenir cuando se ven afectados el bienestar económico y social de la población.

Por: Antonio Gaytán

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