Productores de Vicente Guerrero, Nombre de Dios y Súchil tomaron oficinas de Alimentación para el Bienestar, Liconsa y dependencias federales del sector en Durango capital para exigir una auditoría al programa de acopio de frijol, al denunciar irregularidades, falta de transparencia y exclusión de cientos de campesinos.

En entrevista, Joel Sánchez y Sigifredo Moreno, integrantes del centro de acopio de Estación Vicente Guerrero, señalaron que la inconformidad surge tras la transferencia del programa a nivel estatal, donde aseguran que su centro ha sido uno de los más afectados al quedarse sin volumen asignado.

“No somos un juego”, advirtieron, al señalar que las decisiones recientes han dejado fuera a decenas de productores que esperaban comercializar su cosecha bajo el esquema oficial.

Explicaron que en diciembre, el responsable del programa, Iván Ramírez, se comprometió a otorgar tonelaje suficiente hasta llenar la bodega; sin embargo, denunciaron que desde inicios de año dejaron de recibir producto y actualmente suman casi dos meses sin acopiar frijol.

Los productores cuestionaron las cifras oficiales, ya que mientras autoridades reportan el cumplimiento de 40 mil toneladas, ellos aseguran que al 9 de marzo apenas se tenían registradas 34 mil 367 toneladas, lo que genera dudas sobre cómo se completó el volumen en los días posteriores.

Además, señalaron contradicciones en la información, pues primero se informó que el esquema ya estaba cerrado y después que había entre 3 y 4 mil toneladas en tránsito, pese a que, afirman, en su caso no hubo costales suficientes para continuar con el acopio.

También denunciaron que recientemente se les notificó la asignación de apenas 200 toneladas para Vicente Guerrero, lo que calificaron como insuficiente y evidencia de desorganización en la operación del programa.

Indicaron que al menos 400 productores quedaron en lista de espera sin poder ingresar su cosecha, a lo que se suman otros casos con documentación pendiente, lo que agrava la afectación en la región.

El programa forma parte de la política federal de precios de garantía, ahora operada por Alimentación para el Bienestar —antes Segalmex—, mediante la cual se comprometió el acopio de 40 mil toneladas de frijol en Durango a un precio de 27 pesos por kilo.

Ante la falta de acceso a este esquema, los productores advirtieron que se ven obligados a vender su cosecha a intermediarios en precios de entre 5 y 7 pesos por kilo, muy por debajo del precio oficial.

Los inconformes mantienen la toma de oficinas y advirtieron que, de no obtener respuesta de las autoridades, podrían escalar sus acciones, al considerar que no se está cumpliendo con los acuerdos establecidos ni garantizando condiciones justas para el campo.