El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alejandro Mojica Narváez, consideró que el desalojo de las familias que ocupaban un predio federal en la zona oriente de la ciudad de Durango envía un mensaje de respeto al Estado de Derecho y llamó a investigar a quienes obtienen beneficios económicos mediante invasiones de terrenos.

El legislador, quien representa el Distrito I local, aseguró que durante varios años recibió quejas constantes de habitantes de colonias como San José I, San José III, Cima y Paso Real por los problemas de seguridad, salud pública y crecimiento urbano irregular que generaba el asentamiento.

«Era una preocupación de mucha gente desde hace tiempo. Es un buen mensaje para todos de buscar fortalecer el patrimonio de manera regular, legal, con un desarrollo urbano adecuado y planeado», afirmó.

Mojica señaló que el operativo fue posible gracias a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, lo que permitió ejecutar el desalojo de forma pacífica y conforme al marco legal.

«Así se debe trabajar, coordinados. Se actuó de manera adecuada, legal y estratégica», expresó.

Respecto al origen del asentamiento, el diputado sostuvo que existen versiones sobre personas que obtienen beneficios económicos aprovechándose de la necesidad de las familias, por lo que consideró indispensable que esos hechos sean investigados por las autoridades.

«Sí lucran. No voy a decir nombres porque no los tengo, no quiero caer en faltas de responsabilidad con declaraciones fáciles, pero se decía que semanalmente se cobraba una cuota por permanecer ahí y que se les prometían cosas que no iban a suceder», comentó.

Añadió que las familias que realmente requieren una vivienda deben incorporarse a los programas institucionales de vivienda social, en lugar de recurrir a asentamientos irregulares que, además de carecer de certeza jurídica, muchas veces se ubican en zonas de riesgo o donde resulta imposible dotar de servicios básicos.

«La vivienda irregular debe pasar a los programas de vivienda formal. No podemos permitir el despojo de propiedades; queremos vivir en un país donde prevalezca la legalidad», señaló.

Las declaraciones de Mojica coinciden con otros posicionamientos emitidos tras el operativo. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Alanís Herrera, consideró que los programas de vivienda social deben convertirse en la alternativa para evitar nuevas invasiones y advirtió que algunos liderazgos pueden aprovecharse de la necesidad de las familias al ofrecer terrenos sin condiciones para regularizarse.

En el mismo sentido, la diputada Sughey Torres Rodríguez, secretaria de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado, respaldó la actuación de las autoridades al señalar que el asentamiento representaba un foco de infección y un riesgo para las familias que habitaban el lugar, además de afectar a los vecinos de la zona.

El operativo realizado el fin de semana permitió recuperar un predio federal que permanecía ocupado de manera irregular y abrió un nuevo debate sobre la necesidad de fortalecer los programas de vivienda social, garantizar el respeto a la legalidad y sancionar, en caso de acreditarse responsabilidades, a quienes obtengan beneficios económicos mediante la promoción de invasiones de terrenos.