El derecho a la vivienda volvió a colocarse en el centro de la agenda pública en Durango. Durante una conferencia de prensa en el Congreso del Estado, encabezada por el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Karim Antonio Oviedo Ramírez, junto con la presidenta del capítulo Durango, Alicia Dalhel Domínguez Seade, y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narváez, se presentó la iniciativa de Ley de Servicios Inmobiliarios, cuyo propósito es garantizar operaciones transparentes y seguras en la compraventa y arrendamiento de viviendas.
Oviedo no dudó en subrayar el eje central del debate: “Después de la vida y la salud, el patrimonio es lo más importante; muchas veces es el esfuerzo de toda una vida o incluso de generaciones, y no puede estar en manos inexpertas”. Con esta frase, colocó en la mesa la urgencia de contar con reglas claras que protejan el patrimonio de las familias duranguenses.
Déficit de vivienda y presión en los precios
El diagnóstico que se presentó es contundente. En Durango existe un déficit anual de 2,500 viviendas: cada año se requieren alrededor de 7,000 casas nuevas, pero solo se construyen 4,500. Esta brecha ha provocado un encarecimiento progresivo en el mercado, lo que afecta a compradores y arrendatarios por igual.
Las cifras son elocuentes:
- El precio promedio de una vivienda ya supera el millón 700 mil pesos.
- La vivienda de interés social se ubica en torno a los 950 mil pesos.
- La renta mensual promedio alcanza los 7,500 pesos.
Este panorama coloca en desventaja a muchas familias, sobre todo jóvenes que buscan independizarse y adquirir su primer hogar. “Hoy tenemos un mercado que necesita reglas claras para que tanto quienes compran como quienes rentan lo hagan en condiciones seguras y justas”, señaló Mojica.
A la presión del déficit se suman otros factores: la gentrificación, el desplazamiento interno por violencia en estados vecinos y la falta de mano de obra capacitada en construcción. Estos elementos, explicó Oviedo, incrementan los costos de las viviendas y hacen más urgente establecer un marco regulatorio que garantice transparencia y seguridad.
Una ley para proteger el patrimonio de las familias
La iniciativa de Ley de Servicios Inmobiliarios no surgió de la nada. Según Mojica, se construyó escuchando a expertos del sector y a la sociedad civil, siguiendo la lógica de “primero escuchar y después proponer”. En este caso, la AMPI fue un aliado fundamental.
El proyecto se sostiene en tres ejes centrales:
- Registro obligatorio de agentes y empresas inmobiliarias, con el fin de ubicar a quienes operan en el sector y dar certeza a los clientes sobre su identidad.
- Sistema de certificación de conocimientos, que obligará a los asesores a capacitarse y profesionalizarse antes de prestar sus servicios.
- Código de ética, que fijará las directrices de conducta que deben respetar todos los agentes inmobiliarios.
El objetivo es claro: frenar fraudes, eliminar la improvisación y asegurar que cada operación de compraventa o arrendamiento sea legal, transparente y justa.
En su intervención, Oviedo explicó que con este registro y certificación ya no será posible que “alguien se levante un día con ganas de vender una casa y ponga una lona sin tener preparación ni conocimientos legales”. Subrayó que el patrimonio no puede quedar expuesto a manos inexpertas, pues se trata de un bien que concentra los esfuerzos de familias enteras.
Por su parte, Alicia Dalel Domínguez afirmó que este es un logro colectivo del gremio inmobiliario en Durango. “Nuestra finalidad es resguardar la seguridad y el bienestar del cliente, y ponernos en regla como asesores profesionales. Si una familia decide vender, comprar o rentar, debe saber que está acompañada por un profesional”, expresó.
Cultura del “hágalo usted mismo”: un riesgo caro
Un punto sensible de la conferencia fue la explicación sobre la práctica común en México de prescindir de intermediarios para ahorrar costos. Muchos ciudadanos recurren a conocidos, familiares o al “hágalo usted mismo” para realizar operaciones inmobiliarias, pero según AMPI, esta decisión puede resultar mucho más costosa.
“No fijar el precio correcto puede salir muy caro. No tener los conocimientos para exentar impuestos, como el ISR en la venta de un inmueble, puede ser muy caro. Poner en riesgo tu patrimonio por dejarlo en manos inexpertas puede ser carísimo”, recalcó Oviedo.
Los representantes de AMPI advirtieron que lo barato puede salir caro, y que el costo de no acudir a profesionales certificados se mide en fraudes, contratos inválidos, problemas fiscales o incluso pérdida del patrimonio.
Vivienda para las nuevas generaciones
El déficit y los precios elevados golpean con mayor fuerza a los jóvenes. Muchos desean adquirir vivienda, pero los costos superan sus ingresos. Para Oviedo, este es un reto que obliga a pensar en innovación en diseños, materiales y métodos de construcción.
“No podemos seguir construyendo como hace 100 años. Necesitamos viviendas más accesibles, sustentables y que respondan a lo que buscan las nuevas generaciones”, explicó.
Además, se mencionó la necesidad de impulsar la vivienda vertical en ciudades como Durango, para crecer hacia adentro y no solo hacia afuera, optimizando el uso del suelo urbano.
Un llamado a la responsabilidad social
La propuesta de Ley de Servicios Inmobiliarios fue turnada a comisiones en el Congreso de Durango y será discutida en las próximas semanas. Desde AMPI Nacional se lanzó un llamado a todos los diputados a respaldarla, recordando que no se trata de una iniciativa partidista, sino de un esfuerzo conjunto para dar seguridad a la ciudadanía.
“Estamos convencidos de que es trascendental para Durango y para nuestra asociación. Siempre vamos a proponer leyes claras, transparentes y que den certeza jurídica a las familias”, enfatizó Oviedo.
Mojica cerró la conferencia reafirmando el compromiso del PAN con propuestas serias y responsables: “Durango merece un mercado inmobiliario ordenado, profesional y ético. Una vivienda digna no es un privilegio, es un derecho, y con esta iniciativa buscamos hacerlo realidad”.
Palabras finales
El mensaje que quedó de la conferencia es claro: proteger el patrimonio es proteger la vida misma de las familias. La vivienda no solo es un espacio físico, sino un lugar donde se construye seguridad, estabilidad y bienestar.
La iniciativa de Ley de Servicios Inmobiliarios busca justamente blindar ese patrimonio, evitando fraudes, regulando al sector y profesionalizando a los asesores. Con el respaldo de AMPI Nacional y del capítulo local, Durango podría convertirse en referente nacional en la defensa del derecho a la vivienda.
Por: Antonio Gaytán
