El Congreso del Estado de Durango colocó en el centro de la agenda la defensa del sector forestal, con una iniciativa que busca frenar la tala ilegal, combatir prácticas irregulares y fortalecer el marco legal para proteger una de las principales actividades económicas de la entidad.

Durante la sesión de este 29 de abril, el diputado César Rivas (PAN) subió a tribuna para presentar una propuesta de reformas a la Constitución y a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, enfocada en dar certeza jurídica, respaldo institucional y condiciones más justas para quienes viven del bosque.

Desde tribuna, el legislador advirtió que el sector enfrenta problemas serios que no pueden seguir ignorándose. Señaló que la tala ilegal, el comercio clandestino y las malas prácticas están generando una competencia desleal que afecta directamente a productores, ejidatarios y trabajadores que sí cumplen con la ley.

Expuso que Durango es uno de los principales pulmones del país, con más de seis millones de hectáreas de bosque, una riqueza natural que no solo tiene valor ambiental, sino también económico y social, ya que genera más de 17 mil empleos directos en la industria maderera.

Detrás de cada uno de esos empleos, dijo, hay familias que dependen de la estabilidad del sector, por lo que insistió en que la iniciativa responde a una demanda real de quienes trabajan en el bosque y no a una lógica partidista.

El diputado explicó que la propuesta surge tras encuentros con representantes del sector forestal en distintas regiones del estado, donde ejidatarios, productores, técnicos y empresarios coincidieron en la necesidad de contar con reglas claras, certeza legal y respaldo institucional.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, destacó el reconocimiento de la actividad forestal como estratégica para el desarrollo, así como la obligación del Estado de garantizar su protección, fomento y aprovechamiento sustentable.

También se plantea incorporar mecanismos como la trazabilidad, certificación y registro de productos forestales, con el objetivo de combatir la ilegalidad y asegurar la procedencia de la madera.

Otro eje relevante es la atención a plagas y enfermedades forestales, mediante sistemas de detección temprana, protocolos claros de actuación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, se propone fortalecer el fondo de contingencia para la sanidad forestal, con el fin de responder de manera inmediata ante emergencias que afecten los bosques del estado.

César Rivas subrayó que la iniciativa no busca imponer nuevas cargas al sector, sino generar condiciones de equidad para que quienes trabajan de manera legal no sigan en desventaja frente a quienes operan fuera de la norma.

“No podemos permitir que quienes hacen bien las cosas compitan en desventaja”, expresó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Asuntos Forestales, Frutícolas y Pesca para su análisis.

El tema forestal se reforzó en la misma sesión con la aprobación de un punto de acuerdo enfocado en atender la problemática que enfrenta el sector, particularmente por el impacto de la madera importada a bajo costo.

El acuerdo, avalado por unanimidad con 23 votos a favor, exhorta a autoridades federales y estatales a implementar medidas que permitan equilibrar las condiciones del mercado, ante la afectación que ha generado la competencia desleal.

Entre las acciones planteadas se encuentra el análisis de mecanismos de política comercial, la posible implementación de incentivos fiscales para fomentar el consumo de madera nacional, así como el fortalecimiento de programas de apoyo al sector.

También se plantea impulsar estrategias de capacitación y generación de valor agregado para mejorar la competitividad de la producción local.

Durante la discusión, legisladores coincidieron en que la entrada de productos maderables en condiciones desiguales ha provocado una caída en la demanda de madera local, afectando directamente los ingresos de miles de familias y poniendo en riesgo la sostenibilidad de una actividad histórica en Durango.

El respaldo unánime al punto de acuerdo refleja la coincidencia entre las distintas fuerzas políticas en torno a la necesidad de proteger el sector forestal, considerado uno de los pilares económicos y ambientales del estado.

Con esta iniciativa y las acciones planteadas desde el Congreso, se busca avanzar hacia un modelo que garantice legalidad, competitividad y sustentabilidad en la actividad forestal, con el objetivo de proteger tanto los recursos naturales como el sustento de miles de familias duranguenses.