El diputado César Rivas, del PAN, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra delitos ambientales en Durango, incluyendo penas de hasta nueve años de prisión para quienes capturen, comercialicen o transporten especies protegidas, así como para quienes destruyan los ecosistemas donde habitan y se reproducen.

Durante su intervención en tribuna, el legislador advirtió que el tráfico ilegal de especies, la tala sin control, la destrucción de hábitats y el comercio clandestino están provocando daños cada vez más graves e incluso irreversibles en la biodiversidad del estado.

“En Durango tenemos la bendición de estar en una tierra rica en vida”, expresó César Rivas al defender la propuesta de reforma al Código Penal del Estado.

El diputado panista señaló que la sierra, los bosques y los ríos representan mucho más que recursos naturales, ya que también son sustento, agua, producción y calidad de vida para miles de familias duranguenses, especialmente en las comunidades rurales y del campo.

Sin embargo, aseguró que actualmente existen vacíos legales y prácticas ilegales que continúan poniendo en riesgo especies protegidas y espacios naturales fundamentales para el equilibrio ambiental.

“De nada sirve proteger una especie si destruimos su hogar”, sostuvo.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas legales para que las autoridades puedan actuar con mayor claridad y firmeza contra quienes lucran con la naturaleza mediante la captura ilegal de fauna, el tráfico de especies o la destrucción de ecosistemas.

César Rivas afirmó que el deterioro ambiental también termina afectando directamente a las familias que dependen del campo, disminuye la producción, reduce ingresos y compromete el futuro de las nuevas generaciones.

“No podemos permitir que por unos cuantos que buscan dinero fácil e ilegal, se pierda lo que nos pertenece a todos”, expresó.

Además, recordó que aunque la legislación federal ya contempla sanciones en esta materia, Durango necesita reforzar su propio marco legal para cerrar espacios a la impunidad y brindar a las autoridades mayores herramientas para actuar.

“Cuidar la naturaleza no es un lujo, es una necesidad. Es asegurar agua, producción y vida en nuestras comunidades”, puntualizó.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.