El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, con el objetivo de garantizar que la derrama económica de la obra pública se quede en las regiones donde se ejecuta.

El legislador señaló que cada año el Gobierno federal destina más de un billón de pesos a obra pública, lo que equivale a cerca de dos millones de pesos por minuto, por lo que cuestionó si esos recursos realmente benefician a las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Explicó que su propuesta plantea que al menos el 70 por ciento del valor de cada contrato se destine a empresas, materiales y servicios de la entidad federativa donde se realiza la obra.

Asimismo, contempla que al menos el 50 por ciento de la mano de obra sea local, es decir, de trabajadoras y trabajadores que vivan en la región y que contribuyan al crecimiento del comercio y la economía del lugar.

Además, la iniciativa incluiría la obligación de que en los procesos de licitación se convoque al menos a una empresa de la entidad donde se ejecutará el proyecto, con el fin de ampliar las oportunidades para proveedores locales.

Yáñez Cuéllar destacó que estas medidas permitirían que las empresas de cada estado tengan acceso real a los beneficios de los contratos federales y que cada peso invertido en infraestructura se multiplique dentro de la propia comunidad.

“La obra pública no debe ser solo un asunto de concreto y acero. Debe ser un instrumento de desarrollo regional, de justicia económica y de dignidad para las familias mexicanas”, afirmó.

El diputado sostuvo que esta propuesta es necesaria para que los estados dejen de ser únicamente el escenario de las obras y se conviertan en sus principales beneficiarios.

Agregó que cuando la inversión pública genera riqueza en el lugar donde se construye, no solo se levanta infraestructura, sino también se impulsa el desarrollo de las personas y sus comunidades.