Por: Emmanuel Salazar

Pareciera ser que la historia se repite en Durango, pues si hace seis años se llegó a mencionar la existencia de un sinfín de amparos de exfuncionarios, hoy nuevamente se habla de que hay una serie de amparos que permiten a quienes gobernaron del 2016 al 2022 puedan seguir con su vida en libertad. 

Hace seis años se llegó a mencionar que se habían promovido hasta un centenar de amparos, y si bien hoy no se habla de una cantidad tan grande de recursos de protección de la justicia federal, al menos de forma explícita ya se ha confirmado por parte del fiscal anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, que el exmandatario ha logrado obtener un amparo. 

Según Díaz Rodríguez, ello impidió proceder a presentar ante un juez al exejecutivo, pero, a la vez, ese instrumento de la justicia federal también se le ha obsequiado a quien fuera el exsubsecretario de Egresos, quien desde el 6 de enero se encuentra detenido. 

El fiscal anticorrupción ha dejado en claro que se aplican los diversos instrumentos y carpetas de investigación para evitar justamente que el exsubsecretario logre llevar su proceso jurídico fuera del centro de detención, lo que hace presumir que hace falta mayores pruebas sobre la presunta conducta ilícita en la que habría incurrido el señalado. 

Díaz Rodríguez argumentó que ante la tesis de Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca evitar la prisión preventiva existe como una corriente o tendencia en los juzgados por evitar que cualquier persona sea procesada desde prisión. Y es que, en México, si una persona no dirime su acusación desde la prisión, la sociedad en general considera que no existen pruebas suficientes para demostrar la presunción de culpabilidad. 

Hace seis años, hubo expedientes no muy bien sustentados, y si bien se llevaron a cabo detenciones, con el paso del tiempo las personas recobraron su libertad, lo que dejó en duda si efectivamente hubo alguna responsabilidad, o si más bien se trató de un ajuste de cuentas político y las justicia no tuvo nada que ver en los casos.

Díaz Rodríguez deberá sustentar fehacientemente que a quienes persigue han incurrido en actos que son constitutivos de delitos para de esa manera lograr que efectivamente queden en el penal y eventualmente puedan regresar los recursos que hayan sido apropiados de manera irregular como se presume que ocurrió con quienes hoy son objetivo de la justicia.