Plurinominales y privilegios… la razón del miedo a la reforma

Por: Eduardo Ortega

En la entrega pasada advertimos que, frente a la reforma político electoral impulsada por la presidenta, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se colocaron en la incómoda posición de aliados que tensan la cuerda sin intención real de romperla.

No se trató de una discusión ideológica ni de un desacuerdo de fondo, sino de un cálculo pragmático. Ambos partidos amagaron con no acompañar la iniciativa, midieron fuerzas y buscaron encarecer su respaldo.

Sin embargo, como también lo señalamos, no existía un margen para sostener una ruptura. Desalinearse significaba perderlo todo. Al final, se disciplinaron.

Lo que se conoce de la reforma, apenas son borradores, por lo que nadie tiene la verdad de cuáles serán las propuestas finales, sin embargo, para la resistencia que presentan los partidos, incluidos algunos actores de MORENA la razón es evidente.

La reforma toca directamente dos de los pilares que han permitido la supervivencia de múltiples fuerzas políticas sin respaldo social suficiente: el esquema actual de representación legislativa y el elevado financiamiento público.

El debate sobre las diputaciones plurinominales es, sin duda, el punto más sensible.

Para el Verde y el PT, modificar este modelo implica salir con mayor intensidad a territorio, competir voto por voto y sostener propuestas ante el electorado, algo que no siempre les ha resultado rentable.

Sin embargo, poner en la palestra exclusivamente a estos partidos distorsiona el análisis. En estricta justicia, los principales afectados por una eventual eliminación o transformación profunda de las plurinominales serían los partidos de oposición, no los aliados del oficialismo.

Los datos son claros. Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuenta con 257 diputados de los cuales 75 son plurinominales. El Partido del Trabajo (PT) cuenta con 47 diputados, de los cuales 13 son plurinominales. El Partido Verde (PVM) tiene 60 legisladores, 20 de ellos por esa vía. Incluso con cambios sustanciales, ambos conservarían una base relevante obtenida en las urnas.

El contraste con la oposición es contundente. El Revolucionario Institucional (PRI) tiene 36 diputados, pero 26 son plurinominales. El Partido Acción Nacional (PAN) suma 71 legisladores, de los cuales 40 no ganaron un solo distrito. Movimiento Ciudadano (MC), que suele presentarse como una opción distinta, es el caso más revelador. De sus 27 diputados, 26 llegaron por la vía plurinominal.

Más que una defensa de la pluralidad, lo que está en juego es la preservación de un mecanismo que ha funcionado como salvavidas político.

Por ello resulta poco creíble el discurso que acusa a la reforma de atentar contra la democracia. Lo que realmente se defiende es un sistema que permite sostener representación sin respaldo ciudadano directo. Además, la presidenta ha sido clara al señalar que la intención no es eliminar las plurinominales, sino replantear su forma de asignación, retomando esquemas como el aplicado en la reforma político electoral de Durango, donde los mejores segundos lugares lograron acceder al Congreso.

Se trata de privilegiar el voto real por encima de listas cerradas definidas por las cúpulas y oligarquías.

El segundo punto de la reforma, es igual de delicado, es el financiamiento de los partidos y el costo de los procesos electorales. Es cierto que las elecciones en México son caras. No lo son por casualidad. Se diseñaron así debido a la profunda desconfianza entre los propios institutos políticos, lo que llevó a incorporar regla tras regla y candado tras candado.

Cada abuso, estratagema o fraude generó una nueva norma.

Reducir el presupuesto puede ser necesario, pero no es suficiente. Más urgente es la fiscalización efectiva de los recursos. De acuerdo con lo documentado en el libro – Dinero bajo la mesa – de Maria Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, el financiamiento oficialmente reportado representa apenas el 10 por ciento de los recursos que realmente se mueven en las campañas.

El 90 por ciento restante circula de forma ilegal o ilegítima, rompiendo cualquier principio de equidad. Ese dinero proviene de gobernantes que impulsan a sus candidatos para garantizar continuidad y protección, de empresarios corruptos que aseguran contratos y de grupos de poder fáctico que buscan incidir en las decisiones públicas.

Reducir gastos es necesario, pero hacerlo sin cerrar la puerta al dinero ilegal sería poner en riesgo la democracia.

La presidenta no está actuando por cálculo electoral ni por conveniencia partidista, sino desde principios e ideología, con una rectitud que incomoda incluso dentro de su propio movimiento.

Tiene adversarios internos y resistencias abiertas, pero también algo que ningún partido puede negar. Un respaldo social sólido y una aceptación que la hacen políticamente imbatible, más allá de las siglas, los vicios partidistas y las corruptelas que hoy se sienten amenazadas.