Por: Eduardo Ortega

En el Monumento a la Revolución y con una réplica en las plazas de las 31 entidades federativas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral. Claudia encabezó un acto nacional para conmemorar dos años de su triunfo y envió un mensaje que no debe pasar desapercibido: “Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores más conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia”.

La presidenta lo explica claramente: México enfrenta nuevas formas de intervención extranjera. Ya no hablamos de invasiones militares o desembarcos. Esto ha sido sustituido por los llamados golpes blandos, pasivos o incruentos; estrategias dirigidas al debilitamiento sistemático de la gobernabilidad. Hoy las presiones llegan mediante campañas de desinformación, operaciones mediáticas, manipulación digital, fake news y posverdad, todo encaminado a debilitar a un gobierno legítimamente electo, además de una aceptación presidencial sin parangón.

Una de las expresiones más visibles de esta ofensiva ha sido el intento permanente de presentar al gobierno de la presidenta como un “narco gobierno”. La acusación se repite en medios, redes sociales y espacios políticos con un objetivo evidente: erosionar la legitimidad de un proyecto respaldado en las urnas. Lo paradójico es que quienes hoy encabezan esa campaña son personajes cuya autoridad moral en la materia es, cuando menos, cuestionable. El sábado pasado reaparecieron Fox y Calderón en Chihuahua para atacar a Sheinbaum. Calderón volvió a presentarse como adalid de la lucha contra el crimen organizado, pero omitió mencionar que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. También olvidó que su llamada guerra contra el narco dejó cientos de miles de víctimas y sumió al país en una espiral de violencia sin precedentes. Antes de repartir certificados de honestidad o lanzar acusaciones a otros gobiernos, deberían explicar su propia responsabilidad en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de México. Ese sí fue un auténtico narcogobierno.

Sin embargo, también sería un error negar una realidad que los mexicanos conocemos desde hace décadas. Una parte importante de la clase política ha mantenido vínculos con el crimen organizado. No es exclusivo de un gobierno o de un partido. Es un cáncer que ha hecho metástasis en distintas fuerzas políticas a lo largo de los años. Pensar que existe una organización política inmune a esta situación sería ingenuo. Precisamente por ello, la justicia debe actuar con pruebas y no con campañas mediáticas. Nadie debería recibir protección por motivos políticos, pero tampoco ser condenado por consigna.

Hemos visto cómo algunas campañas han intentado convertir casos específicos en herramientas de confrontación política. En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, la posición del gobierno federal no ha sido la de encubrirlo. Lo que se ha sostenido es que cualquier procedimiento debe sustentarse en pruebas y en los mecanismos legales correspondientes. Sin pruebas no hay justicia; con pruebas, debe aplicarse la ley sin excepciones. La misma lógica debería aplicarse a todos los casos.

La relación con Estados Unidos también suele presentarse de forma incompleta. Existen tratados de cooperación y extradición entre ambos países. Sin embargo, de 2018 a mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos. Ninguna se ha concretado y 36 han sido rechazadas formalmente. Mientras algunos exigen que nuestro país actúe de inmediato en determinados casos, pocas veces se habla de personas reclamadas por la justicia mexicana que permanecen en territorio estadounidense sin ser entregadas, entre ellas exgobernadores, funcionarios públicos y factureros. La contradicción es evidente. Hay quienes piden una intervención más agresiva de Estados Unidos en México, pero guardan silencio cuando las autoridades de aquel país no corresponden con el mismo nivel de cooperación.

El problema del narcotráfico tampoco puede analizarse únicamente desde este lado de la frontera. Los grandes cárteles fueron auspiciados del otro lado, donde crecieron abasteciendo el enorme mercado de consumidores estadounidenses. Tampoco puede ignorarse el tráfico de armas que alimenta la violencia en territorio mexicano. Sin demanda de drogas y sin flujo de armamento, la capacidad operativa de las organizaciones criminales sería muy distinta. Pero una pregunta queda en el aire: ¿quién paga esa droga a los cárteles mexicanos y quién la distribuye dentro del país vecino?

Por eso preocupa que el sector más radical del conservadurismo insista en solicitar acciones que comprometen la soberanía nacional. Algunos incluso han llegado a plantear la participación directa de agencias o fuerzas extranjeras en territorio mexicano. La historia demuestra que las intervenciones externas nunca llegan impulsadas por buenas intenciones. Detrás suelen existir intereses económicos, geopolíticos o estratégicos. México posee recursos energéticos, minerales y una posición geográfica privilegiada que siempre han despertado interés más allá de sus fronteras.

La discusión de fondo no debe desviarse. No se trata de proteger a nadie ni de perseguir adversarios. Se trata de que cualquier acusación sea investigada y resuelta conforme a derecho. Lo contrario conduce a los juicios mediáticos y a la utilización política de la justicia. La crítica al gobierno es legítima. La oposición es necesaria en una democracia. Lo que resulta inaceptable es utilizar acusaciones sin sustento para debilitar instituciones o promover formas de injerencia extranjera. Los problemas de México deben resolverse en México, con instituciones mexicanas, con leyes mexicanas y por decisión de los mexicanos.

“Nosotros creemos en la cooperación entre las naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes. Pero cooperación no significa subordinación. Colaboración no significa sometimiento”, dijo la presidenta. Pero fue clara al advertir: estemos alerta, la ultraderecha azuza la intervención extranjera.