Por: Eduardo Ortega Solano

Es innegable que el gobierno de AMLO ha registrado más homicidios dolosos que cualquier otra administración en su sexenio. Ahora, con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum la situación sigue siendo complicada: en los primeros 24 días de su administración se han registrado mil 792 homicidios dolosos. Recientemente, se informó sobre un enfrentamiento entre cárteles en Tecpan de Galeana, Guerrero, que dejó 16 muertos y tres militares heridos. En Sinaloa, tras un enfrentamiento entre fuerzas armadas y civiles fue capturado “El Max”, considerado un operador de nivel medio de “El Mayo”. Este operativo resultó en 19 personas abatidas. El Ejército aseguró que la acción se realizó con “estricto apego a derecho” y “pleno respeto a los derechos humanos”.

Estos eventos han dado argumentos a quienes sostienen que la estrategia de “abrazos, no balazos” fue fallida, a quienes prefieren “balazos, no abrazos” y a quienes sugieren que el cambio de gobierno implica una nueva estrategia de “mano dura”. Sin embargo, estas ideas se contraponen a la postura de la presidenta, quien ha sido clara: “No vamos a regresar a la guerra de Calderón, no va a haber guerra contra el narco. La guerra quiere decir: permiso para matar. Eso no, no vamos a regresar a eso”. En su Estrategia Nacional de Seguridad, Claudia Sheinbaum presentó cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

La política de “abrazos, no balazos” se centró precisamente en la “atención a las causas”. Nunca se vio a un elemento de la Guardia Nacional, del Ejército o siquiera a un policía municipal abrazando a un delincuente; la estrategia distó de ser “de brazos cruzados”. Los abrazos fueron para los ancianos que dejaron la mendicidad o el halconeo, para los niños y jóvenes que no abandonaron la escuela, para los comuneros y ejidatarios que no dejaron sus tierras, para aquellos que antes llamados “ninis” lograron aprender un oficio. Cada programa social evitó que muchos mexicanos ingresaran a las filas del crimen organizado.

La estrategia de seguridad del gobierno de AMLO no es perfecta, pero tampoco se puede calificar como un fracaso. Claudia Sheinbaum la retoma y la complementa. Esta afirmación puede parecer contradictoria con lo dicho al inicio, pero en realidad no lo es. El gobierno de AMLO logró no solo frenar el aumento anual de homicidios, sino reducirlo. De 1990 a 2024, el último año de Salinas registró 15 mil 839 homicidios; Zedillo disminuyó la cifra en un 31%, entregando la presidencia a Fox con 10 mil 200 homicidios. Con Fox hubo un ligero incremento de 1.6%, y para el último año de Calderón los homicidios dolosos habían aumentado un 192%, alcanzando los 25 mil 967. Peña Nieto elevó aún más la cifra en un 59%, entregando el gobierno a López Obrador con 36 mil 685 homicidios anuales. En contraste, López Obrador registró una reducción sostenida, y en 2024, con 31 mil 062 homicidios, logró una disminución del 18%.

Desde 2006, el paradigma de seguridad cambió; aunque los años han pasado, los muertos siguen siendo una deuda de la administración de Calderón. La guerra iniciada por él, que parecía solo un intento de legitimar su Presidencia marcó un antes y un después: un perverso negocio que encubrió su complicidad y su colaboración con un cártel a través de su “superpolicía”, Genaro García Luna, quien hoy enfrenta condenas en Estados Unidos. Calderón lo sabía y fue cómplice. Aunque pudiera alegarse que desconocía el alcance de las operaciones de García Luna, la guerra que declaró y su responsabilidad en las muertes siguen vigentes. Si en México existen acusaciones contra García Luna, ¿por qué no también contra Calderón? ¿Qué o quién lo protege?