Por: Eduardo Ortega Solano

Un precepto histórico de la izquierda en México ha sido el derecho irrestricto a la libertad de expresión, considerada una herramienta fundamental para lograr la democracia y una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, esto contradice lo que recientemente han sostenido algunas corrientes de la misma izquierda, que afirman que la libertad de expresión no debe ser absoluta y debe limitarse cuando genera discursos de odio. Hay quienes opinan “que no se puede decir todo”, pero ¿cómo definir qué debe prohibirse y con base en qué?

Recordemos que el derecho no es lo mismo que la moral. Aunque se fundamente en principios éticos, la ley no puede ni debe regular nuestras expresiones. Hay opiniones que pueden parecernos reprobables desde la moral, pero que no pueden sancionarse legalmente. No porque no nos gusten o no coincidamos con ciertas ideas debemos apoyar su prohibición, tentación que crece cuando los gobiernos intentan callar a la oposición o a quienes sostienen opiniones contrarias. Incluso, si esos discursos se consideran de odio, incómodos, exagerados o con difamaciones, deben permitirse. De lo contrario, se abre la puerta al autoritarismo.

Las redes sociales, en especial X (antes Twitter), han sido fundamentales para la libertad de expresión. Su inmediatez, alcance global y capacidad para construir comunidades han sido clave en movimientos como #MeToo, #15M y la Primavera Árabe, que contribuyó a la caída de varios dictadores en Medio Oriente y África. En México, permitieron amplificar voces y canalizar el descontento social: surgieron hashtags como #LosQueremosVivos, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el movimiento #YoSoy132, en respuesta a la cobertura mediática favorable a EPN y la falta de pluralidad en los medios. Tampoco puede ignorarse el papel decisivo que jugaron en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, quien las llamó las “benditas redes sociales”.
Emulando acciones del pasado, pero ahora en algunos estados gobernados por Morena, se ha intentado sancionar o silenciar voces incómodas. En gobiernos anteriores, la represión a la libertad de expresión fue una constante que pensábamos superada. Justamente por ello preocupa que se promuevan iniciativas legales que, lejos de fortalecer la democracia, abren la puerta a la censura institucional. Aunque estas leyes se presentan como mecanismos para combatir discursos de odio, corren el riesgo de convertirse en herramientas para acallar la disidencia y a los opositores. La verdadera libertad de expresión incluye también el derecho a emitir opiniones incómodas, provocadoras o incluso erróneas.

Por supuesto que lo anteriormente expuesto nada tiene que ver con acciones como la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, como la difusión no consentida de contenido íntimo que atenta contra la dignidad y la privacidad de las personas. Me refiero a leyes como la del Ciberasedio, implementada por Armenta en Puebla, que por su ambigüedad puede criminalizar las críticas en redes sociales y limitar el ejercicio del periodismo. Otro ejemplo es el caso de Karla Estrella, ama de casa de Sonora, que publicó en X que una diputada del PT había llegado al cargo tan solo por ser esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados; fue condenada por violencia de género, deberá pagar una sanción económica y ofrecer disculpas públicas durante 30 días. También está la vinculación a proceso y las restricciones impuestas al periodista Jorge González en Campeche, tras la denuncia de la gobernadora.

Y no estoy diciendo, ni siquiera insinuando, que todos los mandatarios de Morena tengan una vocación autócrata. Por el contrario, puedo mencionar al expresidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quienes no tengo duda sobre su talante democrático. Pero, como suele decirse, en todos lados se cuecen habas. Conviene recordar que Armenta, Durazo y Sansores llegaron del PRI, donde seguramente aprendieron esas malas mañas.