Por: Eduardo Ortega Solano

Durante los últimos meses del gobierno anterior, se difundieron algunas propuestas del expresidente López Obrador, que conocimos como los planes A, B y C, respectivamente. El plan A consistió en una serie de 20 reformas constitucionales que el mandatario envió al Congreso. Entre las propuestas, se contemplaba revertir el sistema de pensiones basado en las AFORES, reducir el número de legisladores (diputados y senadores) y establecer la elección de magistrados, jueces y ministros mediante el voto popular. Al tratarse de reformas constitucionales, requerían ser aprobadas por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de los congresistas presentes. Sin embargo, al ser iniciativas del Ejecutivo, no tuvieron la oportunidad de ser aprobadas, pues fueron prácticamente descartadas sin análisis o debate previo.

Como comentario al margen, cabe destacar que el pasado 18 de septiembre fue aprobada por la nueva legislatura, y por unanimidad con 492 votos, la “Reforma Constitucional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta iniciativa formaba parte del Plan A de AMLO, lo que deja en claro que el rechazo inicial por parte de la oposición fue motivado exclusivamente por intereses políticos.

El Plan B del expresidente se enfocó principalmente en reformas al sistema político-electoral, sustentadas en modificaciones a las leyes secundarias, sin alterar la Constitución, y aprovechando la mayoría simple que tenía la Cuarta Transformación, es decir, la mitad de los votos más uno. Entre otras cosas, esta reforma buscaba generar ahorros de hasta 3,500 millones de pesos mediante la reducción de gastos operativos, además de eliminar la cláusula de la “vida eterna” para los partidos. También establecía que, al formar una coalición, los votos se podrían distribuir entre los partidos políticos, lo que habría provocado que la asignación de plurinominales se realizara por coalición y no por partido, como ocurrió en procesos anteriores. Aunque el Plan B fue aprobado en las Cámaras, el 9 de mayo pasado el Poder Judicial declaró inconstitucional la primera parte del plan, al considerar que existieron “claras violaciones” durante el proceso legislativo.

Esta resolución de la Corte llevó a López Obrador a anunciar su Plan C, que proponía que la gente no votara por el llamado “bloque conservador”, y que en las elecciones de 2024 Morena y sus aliados no solo ganaran la Presidencia de la República, sino que obtuvieran las dos terceras partes en ambas cámaras. De esta manera, se permitiría realizar los últimos cambios durante los 30 días que transcurren entre la llegada de los nuevos legisladores y el término del sexenio. Reconozco que fui de los sorprendidos con los resultados electorales, pues tenía la certeza de que la Cuarta Transformación lograría la mayoría simple, pero consideraba inviable alcanzar la mayoría calificada. Sin embargo, López Obrador, antes de finalizar su mandato, consiguió la aprobación de tres reformas clave: la de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la de la Guardia Nacional y la Reforma Judicial. A pesar de que parte de la oposición y algunos ministros han intentado cuestionar la Reforma Judicial en defensa de sus privilegios, las reformas son constitucionales y, sobre la Constitución, no hay amparo que valga.

No tengo duda que el primer domingo de junio de 2025, se realizará el proceso extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros. La Constitución es muy clara en su artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.