Por: Eduardo Ortega Solano

A mediados del pasado mes de mayo, el periodista Luis Chaparro informó sobre la entrega al FBI de Griselda López Pérez, segunda esposa del “Chapo” Guzmán y madre de Ovidio, Édgar, Griselda Guadalupe y Joaquín Guzmán López. Según Chaparro, ella cruzó a Estados Unidos con 16 familiares, recibidos por agentes del FBI como parte del trato que Ovidio Guzmán, alias el Ratón, negoció con las autoridades estadounidenses.

Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos aclarar si la familia de Ovidio Guzmán ingresó como parte de un acuerdo. En su mañanera subrayó que el tema afecta a México, pues los familiares son ciudadanos mexicanos y Ovidio fue extraditado con procesos abiertos aquí. “Si definieron a los cárteles como terroristas, deben informar si hay acuerdos. Tanto el pueblo estadounidense como el mexicano tienen derecho a saber”, afirmó.

Aunque Ovidio Guzmán mantenía un perfil bajo, en 2012 fue incluido por Estados Unidos en la lista de narcotraficantes internacionales por su papel en las operaciones de su padre. Así quedó inhabilitado para transacciones con estadounidenses y le congelaron activos. Su nombre y rostro se hicieron conocidos hasta octubre de 2019, tras el “culiacanazo”, cuando fue detenido brevemente y liberado por orden de López Obrador.

Esta acción desató acusaciones de los adversarios de AMLO, quienes la usaron como prueba de sus supuestos vínculos con el “Cártel de Sinaloa”. El presidente respondió: “Se decidió proteger la vida de las personas y estuve de acuerdo. No se trata de masacres, eso ya terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. No queremos muertos ni la guerra. La estrategia anterior convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos”.

La mayoría de los “culichis” agradeció esa decisión, mientras que los opositores de AMLO la calificaron de humillante, alegando que el narco había doblegado al gobierno. En enero de 2023, Ovidio fue capturado de nuevo en un operativo que dejó 10 militares y 19 agresores muertos. Esta vez el cártel no pudo reaccionar como cuatro años antes. Tras nueve meses detenido, fue extraditado a Estados Unidos, desmontando la narrativa opositora sobre una supuesta complicidad entre AMLO y el Cártel de Sinaloa.

Todo indica que Ovidio pasará de “enemigo público número uno” a aliado, como testigo protegido. De defender su inocencia ahora aceptará su culpabilidad como parte del acuerdo. Claudia Sheinbaum cuestionó estos alcances desde la mañanera, criticando la doble moral de Estados Unidos: por un lado, designa a los cárteles como terroristas y afirma no negociar con ellos, pero en los hechos sí lo hace. “¿En dónde queda entonces su postura de no negociar con grupos terroristas?”, expuso.

Las pruebas que hundieron al exsecretario de Seguridad de Calderón provinieron de testigos protegidos. Aún falta mucho por saberse: cuántos diputados, senadores, gobernadores, presidentes y funcionarios han sido beneficiados por los cárteles. Ovidio es apenas la punta de la madeja. Los enemigos de López Obrador lo acusan, sin pruebas, de complicidad con el narco, e incluso involucran a Claudia Sheinbaum. Son falsedades de una oposición sin brújula ni moral. Lo verdaderamente escandaloso es que quienes más critican callan su propio pasado, cuando hicieron del Estado mexicano un socio del crimen. Las declaraciones de Ovidio representan una oportunidad para comprobar fehacientemente que ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum tienen vínculo alguno con grupos criminales. Es hora de señalar a los verdaderos responsables