Por: Eduardo Ortega Solano

Una parte importante de los procesos electorales en todos los niveles que se vivieron durante los 70 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido hegemónico quedó marcada con un tufo a fraude. Tal vez el caso más representativo dentro del ideario popular fueron las elecciones federales de 1988 en México para la Presidencia de la República. En esa contienda, Carlos Salinas de Gortari obtuvo el triunfo con el 50% de la votación emitida, en una participación del 52% del padrón electoral. Le siguieron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con el 31% de los votos y Manuel J. Clouthier, candidato del PAN, con el 17%. Rosario Ibarra de Piedra, quien también fue candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), quedó fuera de la contienda oficial, ya que, al no estar registrado el partido, sus votos fueron anulados.

1988 fue conocido como el año del fraude electoral, recordado por la mítica “caída del sistema”, atribuida al entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett Díaz. Aunque se han debatido las causas del fraude, las irregularidades parecieron responder más a métodos convencionales como la alteración de actas, el acarreo, el “carrusel”, el embarazo de urnas y demás prácticas fraudulentas conocidas como “mapacherías”.

Este escenario dio lugar a un movimiento ciudadano en defensa del voto, que agrupó a líderes y candidatos opositores con un verdadero respaldo social. Entre ellos destacaron Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Heberto Castillo, quien había declinado su candidatura por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en favor de Cárdenas. La coalición Frente Democrático Nacional fue el antecedente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que inició con fuerza, pero terminó con un declive evidente.

Las elecciones de 1988 visibilizaron una oposición que, 30 años después, llevó a Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional. Junto a Cárdenas, AMLO se consolidó como el opositor por excelencia. Nadie podía imaginar el tsunami morenista que arrasaría en 2018, con una ventaja en votos que hacía imposible replicar fraudes como el de 2006 o estrategias de marketing político como las empleadas en 2012. En su primer informe de gobierno, AMLO sentenció: “La oposición está moralmente derrotada”. Para muchos, esta afirmación no solo describía la realidad posterior a su triunfo, sino una debilidad que la oposición arrastraba desde antes.

Los candidatos opositores en 2018 reforzaron esta percepción. Margarita Zavala, quien intentó una candidatura independiente tras el fracaso de “México Libre”, de Felipe Calderón, y Jaime Rodríguez “El Bronco”, sin partido, pero con respaldo de grupos de poder, fueron propuestas débiles. Ricardo Anaya, del PAN, enfrentó acusaciones de corrupción que lo llevaron al autoexilio. José Antonio Meade, aunque destacado como funcionario, carecía del carisma necesario. Para AMLO, las elecciones de 2018 fueron prácticamente un día de campo.

López Obrador siempre ha proyectado un halo de honestidad, reforzado desde su desafuero durante el gobierno de Vicente Fox. Hoy, concluye su mandato con un 75% de aprobación, y en 2024, el fenómeno del 2018 parece haberse replicado con mayor intensidad. Aunque se reconoce la existencia de corrupción en sectores de Morena y del gobierno, esta no se asocia directamente con AMLO ni con Claudia Sheinbaum, salvo por sus críticos más acérrimos. Por el contrario, la oposición sigue proyectando corrupción y nepotismo, características que la mantienen débil frente a una Cuarta Transformación que aún domina el panorama político.

La oposición debe entender que no basta con descalificaciones, solo una estrategia legislativa efectiva, además de propuestas creíbles, podrían abonar a su causa en las urnas y de esta forma poder cambiar la balanza al quitar la mayoría calificada a la Cuarta Transformación. 2027, su próxima oportunidad