Por: Felipe Correa

En tiempos donde la desconfianza hacia lo público parece instalada, ejercicios como el Presupuesto Participativo en Gómez Palacio abren una discusión más profunda: ¿qué tan dispuestos estamos, como ciudadanía, a asumir el poder de decidir?

La convocatoria hecha por la alcaldesa Betzabé Martínez Arango no es menor. Poner a votación 144 proyectos previamente viables, con una bolsa de 45 millones de pesos, implica trasladar una parte del control presupuestal —tradicionalmente reservado a los gobiernos— hacia la gente. No es solo una consulta; es un acto de corresponsabilidad.

El diseño del ejercicio también dice mucho del momento que vive la ciudad. La prioridad en espacios públicos y seguridad no es casual: responde a una demanda social urgente, pero también a una estrategia política clara de reconstrucción del tejido social desde lo comunitario, no únicamente desde la fuerza institucional.

Sin embargo, el verdadero reto no está en la oferta, sino en la participación. Históricamente, estos mecanismos suelen enfrentar apatía, desinformación o captura por grupos organizados. Ahí es donde se define si el ejercicio será genuinamente ciudadano o simplemente simbólico.

Porque hay algo que no se puede ignorar: abrir el presupuesto a votación no garantiza, por sí mismo, mejores decisiones, pero sí construye algo igual de valioso —confianza pública— si se hace con transparencia, inclusión y seguimiento real de las obras.

El próximo 19 de abril no solo se elegirán proyectos; se pondrá a prueba la relación entre gobierno y ciudadanía. Si la participación responde, Gómez Palacio podría estar dando un paso relevante hacia una política menos vertical y más compartida.

Al final, la pregunta no es si el gobierno está dispuesto a escuchar. La pregunta es si la gente está lista para decidir.