Por: Edgar Burciaga

Se espera que, en breve, el pleno del Senado apruebe la ampliación de catálogo de prisión preventiva oficiosa, después de que este martes las comisiones del Senado aprobaron el dictamen de reforma constitucional para ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esta reforma añade a la extorsión como un delito por el que los jueces pueden ordenar esa medida cautelar a quienes lo cometan, así como por la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.

La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva incluye, además, aquellos que vayan en contra la salud, el libre desarrollo de la personalidad y los de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

Dentro de los posicionamientos, por el Partido Verde, el senador Luis Alfonso Silva Romo consideró pertinente incluir la extorsión, el tráfico de fentanilo y el contrabando de comprobantes fiscales en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva, ya que, consideró, el primero afecta la tranquilidad de las familias mexicanas, el segundo atenta contra la salud y el tercero va contra la correcta administración pública a la que los ciudadanos tienen derecho.

También, por el PT, el senador Alejandro González Yáñez reconoció que la prisión preventiva oficiosa puede representar una “delgada línea” entre respetar o no respetar los derechos humanos; sin embargo, defendió esta figura que tiene, dijo, la intención de “romper la cadena delitos” que comienzan con modalidades delictivas menores como, por ejemplo, la extorsión.

Esta reforma se trata de una propuesta que fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y aprobada el pasado 13 de noviembre en la Cámara de Diputados, con 355 votos a favor y 108 en contra, misma que incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los delitos graves el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

La finalidad es que exista mayor seguridad al dar cárcel automática a los acusados de delitos de extorsión, producción de drogas sintéticas y factureros y aunque la mal llamada Oposición señala que es un exceso, pero la mayoría de Morena considera que es necesario blindar a la ciudadanía.

Esta figura no es un cheque en blanco para encarcelar inocentes; al contrario, es labor del Ministerio Público acreditar con datos de prueba la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo, y a su vez, solo a unos cuantos delitos, los más perversos, les es aplicado esa medida, que se encuentra establecida en el artículo 19 de la Constitución, evitando las amenazas a juzgadores.

Dentro de este marco, los profesionales de la salud y personas enfermas que usen derivados de fentanilo podrían caer en prisión por adquirirlo para cuestiones médicas.

Se trata de combatir los delitos que más han hecho daño a los mexicanos y sus familias.

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