Por: Edgar Burciaga

El Gobierno de Esteban Villegas emprende acciones para que el daño que ocasionaron servidores públicos identificados con la anterior administración con el desfalco al erario público en nuestro estado no quede impune.

Como lo señaló en su comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno la secretaria de la Contraloría, Tania Julieta Hernández Maldonado, ante el Congreso, el Estado no volverá a pasar por una situación similar, sobre todo cuando hay observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación por ocho mil millones de pesos hasta el 2021 y mil 200 millones más del año pasado.

Por esto se han interpuesto 82 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero por el presunto desvío de recursos federales, que provocó un Durango lastimado, una administración desordenada, instituciones abandonadas y saqueadas, nulos mecanismos de control y un manejo irresponsable de los recursos públicos.

En el rubro de auditoría a la obra pública, hay 270 obras seleccionadas con 184 observaciones, 157 de tipo administrativo y 27 financieras con un monto observado superior a los 11 millones de pesos. Para ello incluso se contrataron despachos externos que, más que auditar la aplicación de los recursos, crearon cortinas de humo para esconder y ajustar las cuentas públicas.

A pesar de la defensa que ha emprendido el propio exmandatario José Aispuro Torres en algunas dependencias y medios de comunicación, no ha sido fácil recuperar la confianza de la gente y se han emprendido acciones transversales que fomentan la participación ciudadana, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Además, se abatió el rezago en la ejecución de sanciones administrativas que fueron heredadas de la pasada administración, al ordenar el cumplimiento de 189 sanciones impuestas a servidores públicos y turnar 44 procedimientos de responsabilidad al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por presuntas faltas graves, mientras que por los procedimientos de responsabilidad por faltas no graves se han aplicado 89 sanciones y, además, se han firmado 46 convenios de colaboración con 37 municipios, el Poder Judicial y ocho organismos autónomos para el uso de la plataforma Declara Durango.

Como instancia normativa de fiscalización y vigilancia, la Secretaría de la Controlaría también busca garantizar que todos los funcionarios públicos cumplan con su declaración patrimonial y de intereses y se ha incorporado al Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos durante el tiempo que desempeñe su encargo.

Por otra parte, el combate a la corrupción también es una prioridad para la Coordinadora Nacional de Defensa de los Comités de la 4T, por lo que ayer por la tarde se reunió la Dra. Claudia Sheinbaum con la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, donde se convocó a los petistas a la Convención Electoral Nacional en el marco del Proceso Electoral 2023-2024 y el nombramiento como Coordinadora de la 4T del PT, donde fungió como anfitrión la dirigencia nacional en la que también destaca la presencia del Senador duranguense Gonzalo Yáñez.

Además, Sheinbaum se reunió con senadores de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Encuentro Social con el fin de seguir trabajando en unidad para seguir fortaleciendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y continuar con las acciones emprendidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para consolidar la transformación que requiere nuestro país.

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